La guerra cruel y despiadada que libran dos grupos armados al margen de la ley, que operan en la Alta y Media Guajira, obligó al Defensor Delegado para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, Jorge Enrique Calero Chacón, a emitir una alerta con  31 recomendaciones, que obligan a las autoridades regionales y nacionales, a buscar alternativas al conflicto, que cada día genera nuevas víctimas, provocando éxodos de la población indígena, afectando seriamente la estabilidad de los habitantes de Uribia, Manaure y Riohacha.

 Para la Defensoría del Pueblo y organismos como las Naciones Unidas, es claro que “existe una fuerte disputa en la Alta Guajira,  protagonizada por dos grupos al margen de la ley, como son el denominado Frente Contrainsurgencia Wayuu, que hacía parte del Bloque Norte de las AUC, que no participó  de las negociaciones del corregimiento de Chimila, Cesar, y La Mesa – Azucarbuena, corregimiento de Valledupar, el cual viene chocando contra las Águilas Negras, señalados también como Autodefensas Unidas Combatientes de la Alta Guajira.

 Según el informe que firma Jorge Enrique Calero Chacón, el Bloque Norte de la AUC se encuentra comandado por alias ‘Pablo’, con estrecha alianza con el grupo de ‘Los Paisas’.

 Aunque no está  confirmado, es bastante probable que detrás de las denominadas Águilas Negras pueda estar también una estructura armada ilegal mucho mayor, posiblemente la conocida como ‘Los Urabeños’ o La Banda de Urabá, nombre como empezaron a ser conocidas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) luego de que fuera capturado, el 15 de abril de 2009, en el Bajo Cauca antioqueño, alias ‘Don Mario’ o ‘El Paisano’, quien fungía como su máximo comandante y quien el 15 de agosto de 2006 ya se había desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC.

 La disputa que mantienen estos grupos armados ilegales en la región ha ocasionado numerosos casos de desplazamientos forzados de grupos familiares wayuu, algunos de los cuales se han dado al interior del resguardo de la Alta y Media Guajira, otros se han dirigido hacia Venezuela, principalmente hacia la capital del estado de Zulia y, en menor medida, otros han tenido como destino los cascos urbanos de Uribia, Maicao y Riohacha. La casi totalidad de los desplazamientos forzados que involucran a los wayuu pasan totalmente desapercibidos para la institucionalidad pública, dado que las víctimas no acuden a declarar los casos ante las entidades competentes.

 Como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales se han registrado en la Alta Guajira varias muertes violentas, la mayoría de ellas de hombres wayuu, algunos casos ciertamente derivados de enfrentamientos y escaramuzas, en tanto que otros han sido producto de retaliaciones contra comunidades o personas consideradas por el grupo armado agresor como parte de la base social de la facción armada enemiga. En razón de las arraigadas costumbres y tradiciones propias de los wayuu, que ante la muerte violenta de un ser querido obligan a sus familiares maternos a impedir la manipulación del cuerpo de la víctima por manos de personas arijunas (no wayuu) y a trasladarlo lo antes posible hacia el cementerio familiar para proceder a enterrarlo según sus usos y costumbres, cualquier estadística que se tenga sobre muertes violentas de gente wayuu siempre marcará un subregistro.

 Cabe decir también que una importante franja de la población wayuu de la Alta Guajira se encuentra intimidada y amedrentada en razón a la cada vez más recurrente presencia de grupos armados ilegales que, en el mejor de los casos, utilizan sus territorios como corredores de tránsito de armas, pertrechos, contrabando y cocaína o, lo que es mucho más riesgoso para su seguridad, deciden ubicar sus zonas de refugio y retaguardia en el entorno de sus rancherías.

 Mañana, la Defensoría del Pueblo entregará información sobre las muertes ocurridas en los 21 corregimientos del municipio de Uribia, y otras, ocurridas en la ciudad de Maicao.