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Javier Ripoll Parejo, director del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Maicao, descartó que la entidad haya sido entregada en concesión a terceros y explicó en qué consiste el acuerdo firmado con una sociedad de economía mixta.
“La información que se está manejando en el municipio es parcialmente falsa. Lo que se concesionó fue el mantenimiento de los semáforos y será a 20 años. La idea no es que instalemos un semáforo y a los cinco días llegue una persona borracha y se accidente con el poste como ya sucedió, así como que los mototaxistas que se ubican en el sector se roben las estructuras”, explicó el director del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio fronterizo.
Con respecto a los recursos para el mantenimiento indicó que “en las fotomultas hay un rubro relacionado con este concepto. Estos comparendos tienen una destinación específica por ley y, entre ellos, el mejoramiento de la seguridad vial y la movilidad, el fortalecimiento de las operaciones de tránsito. Sin duda, los semáforos van a causar un impacto positivo en la movilidad del municipio de Maicao”.
Por otro lado, el funcionario aseguró que es falso que los contralores de tránsito se piensen cambiar por personal que vengan de otras partes del país.
“Nosotros trabajamos con personal del municipio de Maicao, quienes ya saben cuáles son las dificultades y conocen el territorio. Sí se va a ampliar la planta para el año 2018, una vez la ley de garantías nos lo permita, porque al tener este nuevo ingreso, el instituto contará con mayor personal de tránsito, con una operatividad más grande que la que tenemos hoy”, puntualizó el funcionario.

El proyecto minero del desvío del arroyo Bruno se encuentra bloqueado actualmente. Así lo confirmó en Riohacha el presidente de la empresa Cerrejón, Roberto Junguito Pombo, debido al fallo de la Corte Constitucional de la cual aún no ha sido notificado.
Sin embargo, explicó que las obras del desvío están totalmente finalizadas y que fueron avaladas por más de 16 entidades del orden nacional y local, quienes conceptuaron que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental y social, así como también es respetuoso con el ecosistema.
Precisó que en el plan de compensaciones hacia la cuenca alta, donde está la fábrica de agua, se realiza un proceso de reforestación considerado como “excepcional”.
“Es triste que en este momento tengamos el proyecto minero bloqueado. Entendemos que hay un fallo por parte de la Corte Constitucional, el cual no conocemos en estos momentos, que mantiene la suspensión, es una noticia desafortunada y triste para Cerrejón”, mencionó.
En ese mismo sentido, Roberto Junguito Pombo indicó que las reservas necesarias en esa parte del tajo La Puente representan casi el 10% de las que requiere la empresa. En ese orden de ideas, si se retrasa el proyecto bajará la producción, y “tocaría reducir los volúmenes de operación causando un impacto en regalías, empleos y contratos”.
El fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional argumenta que el proyecto de la empresa podría atentar contra varios derechos fundamentales de las comunidades, tales como acceso al agua, salud y seguridad alimentaria.
En su momento, las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero presentaron una tutela contra el proyecto de desvío del arroyo Bruno, indicando que si lo apoyaban no solo se afectaría uno de los ecosistemas más escasos del territorio, como es el bosque tropical, sino que también podría afectarse la conservación del recurso hídrico y biótico, lo que ocasionaría la desaparición del cuerpo de agua amenazando la existencia de las comunidades que dependen del arroyo.
“Espero recibir el fallo completo de la Corte Constitucional para entender su dimensión, pero si es como los medios de comunicación han mencionado, sin conocerlo oficialmente sería una noticia desafortunada para la empresa y la región”, puntualizó Junguito Pombo, presidente de Cerrejón.


La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Riohacha se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato promovido por el líder Ramón Vieco Ariza en contra de varios funcionarios por, presuntamente, no hallar gestiones en el alcantarillado de Matitas.
La acción fue impetrada en contra de la alcaldesa de Riohacha, Isseth Tatiana Barros Brito; el secretario de Obras del Distrito, Miguel Pitre; y el director de Corpoguajira, Luis Medina Toro. Además, en el documento se indicaba que las aguas residuales caían en un afluente hídrico, afectándolo de manera ambiental.
El secretario de Obras e Infraestructura del Distrito, Miguel Pitre, calificó como oportuna la decisión del Tribunal Superior de Riohacha debido a que los trabajos se vienen adelantado en el corregimiento de Matitas.
“Se demostró que si existe un plan y que se está ejecutando de conformidad. Los trabajos están avanzando en su ejecución de construcción de la laguna de oxidación. El pasado 24 de noviembre estuvimos en el sitio en el reinicio de las obras”, dijo el secretario de Obras e Infraestructura de la capital guajira, Miguel Pitre, a Diario del Norte.
Por lo pronto, la comunidad de Matitas espera que las obras –en las cuales se está realizando una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos– sigan su curso y se puedan inaugurar lo más pronto posible por el beneficio de los matiteros.

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