Los partidos Liberal, Conservador, La U, Centro Democrático y Mira inscribieron sus listas a la Cámara de Representantes por La Guajira ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cara a las elecciones de marzo de 2018.
El primero en realizar su inscripción fue el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta –Mira–, el cual respalda las aspiraciones de José María Mendoza, líder comunitario en el área de servicios públicos; Anne Baño, actual coordinadora de la Red de Mujeres de La Guajira; y Yerlis Ramos.
Posteriormente, José Durán, Ovidio Mejía y Hearnealdo Brito protocolizaron sus candidaturas a la Cámara Baja por el Partido Liberal. Los avalados fueron acompañados por un grueso número de simpatizantes, liderados por la presidenta del Directorio Departamental, Astrid Ariza, y el actual representante por el partido Aico, Antenor Durán Carrillo.
A su turno, el Partido de la Unidad Nacional presentó su lista a la Cámara, encabezada por el congresista Alfredo Deluque, quien en esta oportunidad estará acompañado por Karen Cerchar y el médico Aldrin Quintana.
El Partido Conservador también formalizó la inscripción de su lista, conformada por María Cristina Soto, excandidata a la Alcaldía de Barrancas; Hugues Lacouture, exprocurador Ambiental y Agrario de La Guajira; y Eriberto Ibarra, exconcejal de Riohacha.
Otro movimiento político que oficializó su lista a la Cámara fue el Centro Democrático, que respalda al médico Nayib Cesin Tanus, Víctor Deluque y Liliana Balaguera. Para el día de hoy se tiene prevista la inscripción de Luis Gómez Pimienta por la Unión Patriótica –UP–, así como una lista de la comunidad afrocolombiana.
Reacciones
Las listas presentadas a la Registraduría por diferentes movimientos políticos no han sido del agrado de algunos dirigentes del Departamento. Tal es el caso de Roberto Gutiérrez Castañeda, líder del grupo ‘Podemos’, y Abraham Gómez, integrante del Directorio Departamental liberal, quienes rechazaron su conformación, aduciendo que no representa los intereses de esa colectividad política.
“Un grupo de personas sin consultar con el Directorio Departamental ni los municipales, ni informar a las diferentes vertientes del Partido Liberal, en recinto cerrado tomó la decisión de inscribir una lista a la Cámara de Representantes que no refleja la voluntad y diversidad de la colectividad, sino los intereses de un clan familiar y los apetitos de aquellos que han tenido y tienen como divisa cambiar de color en cada evento electoral para satisfacer sus apetitos personales”, indicaron por medio de un comunicado de prensa.
Por otro lado, la exalcaldesa de Manaure, Sara Aguilar, condenó la forma como fue excluida de la lista a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, toda vez que reunía los requisitos y calidades para hacer parte de ella.
Aseguró que ni siquiera recibió una llamada donde le explicaran porque la “descabezaron”, cuando siempre fue una defensora de los intereses de la colectividad azul, y por tanto, no se siente obligada a “seguir defendiendo los intereses de un partido que no valoró su trabajo de muchos años”.

La optimización del acueducto de Riohacha, cuya inversión asciende a 22 mil millones de pesos, es el proyecto que la alcaldesa encargada, Isseth Tatiana Barros Brito, estaría presentado para ser ejecutado a través de la estrategia de Obras por Impuestos.
La iniciativa se dio a conocer durante la sesión ordinaria del Concejo distrital, por parte del jefe de Asuntos Institucionales y Comunidad de Cerrejón, Raúl Roys Garzón, quien manifestó que sostuvo un primer encuentro con la mandataria local.
El concejal Rafael Pérez solicitó que junto al proyecto de optimización del acueducto, que se plantea sea ejecutado con recursos de dicha estrategia, se defina también la solución del sistema de alcantarillado a través de plantas de tratamiento de aguas residuales por el sistema de lodo, cuyo costo llega a unos 20 mil millones de pesos.
En ese sentido, el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, William García, explicó que el proyecto de agua 24 horas para Riohacha va mucho más adelantado y contempla una serie de cinco iniciativas, de las cuales 4 están radicadas en el Ministerio de Vivienda, y tres fueron viabilizadas.
Sobre el proyecto de la laguna de oxidación precisó que sigue con muchos tropiezos, por eso se ha pensado en una segunda opción, que consiste en una planta de aguas residuales con tratamiento de lodos activados, cuyo proyecto no estaría listo para el mes de febrero para poder acceder a los recursos de Obras por Impuestos.
“Se está buscando algo que pueda ser más compacto, que no tenga la necesidad de una extensión de terreno tan grande como lo tiene la laguna, teniendo en cuenta la problemática de encontrarnos a kilómetros con comunidades indígenas que se ven afectadas”, aseveró William García.
Al final, recomendó que apoyará el proyecto ‘100 por ciento Riohacha, agua 24 horas”, para sacar adelante el alcantarillado sanitario, que podría ser financiado a través de otras fuentes.

En el marco del ‘Plan Bolsillos de Cristal’, la Fiscalía imputará cargos contra Carlos Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta y candidato a la Presidencia, y Rafael Martínez, actual burgomaestre de la capital del Magdalena, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La detención de Caicedo Omar se registró en el aeropuerto de la ‘Perla de América’, cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a la ciudad de Bogotá para presentar ante la Registraduría las dos millones de firmas recolectadas para avalar su candidatura a la Presidencia.
Poco después fue apresado Martínez, quien actualmente se encuentra suspendido de su cargo debido a presunto favorecimiento a las aspiraciones presidenciales de su antecesor.
Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena, en el caso del exalcalde se presume que suscribió un acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas.
Tanto el exmandatario como el actual alcalde serán señalados ante el juez de control de garantías de Santa Marta por presuntas irregularidades en dos contratos.
El primero de ellos, No.004 del 18 de noviembre de 2014 que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532.759.000, en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los $5 mil millones.
En el caso del alcalde suspendido de Santa Marta, Rafael Martínez, se le investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre.
Este convenio fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, el cual fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución. Además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada.
Cabe anotar que otras 4 personas fueron capturadas por este mismo caso en distintas ciudades de la Costa.