Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2010, un total de 27.121 colombianos fueron dados de baja del censo electoral por pérdida de derechos como consecuencia de sentencias judiciales. Por su parte, en el mismo período, 15.425 ciudadanos ingresaron nuevamente al censo por extinción o cumplimiento de la pena impuesta por un juez de la República.

 Los ciudadanos que prestan su servicio como jurados de votación en las cárceles son designados de forma manual de un listado que entregan previamente las directivas de cada penal. Para el caso de la Cárcel La Picota en Bogotá  las directivas enviaron un listado de 59 funcionarios y se designaron 8 personas.

Para las cárceles Modelo y El Buen Pastor, las directivas enviaron los nombres de 6 funcionarios para que presten el servicio.