En las elecciones a la Cámara Alta y Cámara Baja de la República de Colombia, las cuales se realizarán el próximo 13 de marzo, de la cual todos coinciden en llamarle ‘fiesta democrática’, por su carácter de libertad ideológica, escenario ideal para enriquecer la dinámica política del país, pero que en los años recientes se ha convertido en caldo de cultivo para polarizar al colectivo social, situación que me ha llevado a reflexionar sobre varios aspectos como la construcción de democracia, el sano debate, la opinión pública, si por fin el electorado tiene una mayor conciencia política y si el papel de los medios de comunicación con el aparente control social incidirán en el voto.
Creo que el tiempo de Dios es perfecto y en su voluntad estuvo que no fuese candidato a ningún cargo en este proceso eleccionario, aunque eso no me impidió acompañar a los candidatos de mis afectos, a quienes considero representarán mejor los intereses de nuestro Departamento.
Dentro del proselitismo, tratando de ganar adeptos que se unan a nuestra intención electoral, debo confesar que, sorpresivamente, muchos ciudadanos no manifiestan interés por las propuestas o por la labor que realizarán quienes resulten electos para la Cámara de Representantes y el Senado de la República, sino que solicitan un empleo o la solución de alguna necesidad económica apremiante, cuya solución por parte del proponente se convierte en un requisito sine qua non para votar cambiando el principio de buscar el bien general por el particular.
Lo anterior suscita discusiones académicas en las que se plantea si la necesidad del elector justifica su pensamiento y accionar, basados en que su encuentro con el candidato será la única oportunidad en la que verá al político, y que si no logra su objetivo en el momento, aquél no hará nada por él cuando esté en el poder.
“La literatura politológica coincide en afirmar que la compra del voto afecta la democracia al violar varios de sus principios y al socavar el funcionamiento de las instituciones políticas”. (Schaer, 2007a; 2007b;).
Por lo anterior, se hace urgente que la academia, sectores sociales representativos: salud, educación, comercio, transporte, seguridad, las Juntas de Acción Comunal, entre otros, incentiven diálogos constructivos en torno al saber elegir a nuestros gobernantes, en los que los medios de comunicación tengan un papel protagónico en el que las tarifas no sean una limitante para que las buenas propuestas sean escuchadas por la población, contribuyendo equilibradamente en la decisión del electorado, porque la entrega de beneficios para inferir en el voto del elector es la antítesis de la legítima democracia, no quiere decir esto que ojalá los candidatos que resulten ganadores se eximan de su verdadera responsabilidad social y legal de asumir las funciones delegadas por ley.
Siempre me gusta citar el pensamiento de San Agustín, patrono de Fonseca, porque he encontrado sensatez en sus reflexiones, tal como la que a continuación les comparto: “Si un pueblo es razonable, serio, muy vigilante en la defensa del bien común, es bueno promulgar una ley que permita a ese pueblo darse a sí mismo sus propios magistrados para administrar los asuntos públicos”. (Rubiales, 2016, párrafo 3).