En 24 días se celebran las elecciones para las escoger 172 representantes a la Cámara, 108 senadores y senadoras y las 16 circunscripciones de paz, así como las tres consultas interpartidistas para seleccionar los candidatos a la Presidencia de la República.
Se supone que con la nueva Constitución hicimos en tránsito de la democracia de representación a una de participación en donde se eligen unas propuestas que asumen los candidatos para superar la constitución de 1886 en donde el ciudadano no les imponía un mandato a los elegidos.
Han pasado 31 años de la nueva carta política y estamos anclados en el siglo XIX con prácticas electorales centradas en las personas que representan una aspiración electoral y no en un programa de gobierno que recoja las necesidades más sentida de las comunidades, especialmente, de los grupos más vulnerables, para establecer con los electores una especie de contrato-mandato que si no se cumple, hay por lo menos la opción del voto castigo, ya que no existe para el congreso la revocatoria del mandato.
Complementariamente, en el punto 2 del Acuerdo de Paz (Participación política: Apertura democrática para construir la paz) hay una serie de mecanismos e instrumentos que van en esa dirección, como los derecho a la oposición política (2.1), participación ciudadana en la política nacional, regional y local de todos los sectores (2.2 -2.3).
Sin embargo, lo que ha venido impulsando el actual Gobierno nacional, en connivencia con los territoriales, no solo es desconocer lo pactado y firmado en 2016, sino buscar todos lo subterfugios y torceduras para no perder el poder y privilegios en manos de una minoría corrompida.
Una muestra de lo anterior está en la suspensión de la ley de garantías electorales. A la fecha van más de 3.34 billones de pesos en 604 convenios administrativos entre las dependencias del gobierno nacional y las entidades territoriales. Esta escandalosa y desvergonzada realidad es para amarrar votos, o en términos legales, la corrupción del electorado.
En este desolador panorama, si se escrutan los candidatos y candidatas, la pobreza, para no decir que ausencia de propuestas es la constante a lo ancho y largo de la nación, pero especialmente, en la región Caribe, y particularmente, en el Departamento de la Guajira. Lo único que se muestra por los medios y redes sociales son supuestas adhesiones de personas que son presentados como montoneras, Pregúntele Ud. a cualquiera de esas personas disfrazada que acompañan a las campañas: ¿Cuáles son las propuestas básicas de ese aspirante al cargo de elección popular?
Además, no hay una sola convocatoria para debatir apuestas de los que aspiren a una curul a la cámara de representante o al senado. Pero, aun así, los pocos inscritos en la Registraduría que sueltan alguna propuesta están descontextualizadas de la dura realidad que viven los pueblos.
No nos engañemos. Un congresista en Colombia tiene tres posibilidades: Aprobar o improbar actos legislativos y leyes, control político al gobierno central y gestión ante el ejecutivo nacional para canalizar recursos a fin de lograr la implementación de proyectos de inversión para la jurisdicción territorial que les otorgo la credencial.
En este sentido, preguntamos: ¿Porque los autonominados a las próximas elecciones no presenta los posibles proyectos de ley para resolver los problemas de su electorado?; ¿o indican a cuál de las comisiones permanente del congreso van a luchar por pertenecer; o cuales debates de control político promoverán o apoyarán en beneficio de sus electores; o, con conocimiento de causa, que gestión adelantarán ante las múltiples dependencias de la rama ejecutiva del nivel nacional? ¿En últimas, cuantos proyectos perfilados de inversión conforman su portafolio que gestionaran para volverlos realidad y cumplirle a su electorado?
En el anterior contexto de competencias para representantes y senadores, las eventuales propuestas que los candidatos y candidatas presenten ante su electorado deben ser factibles como iniciativas, y lo más importante, que tengan un alto impacto en beneficio del interés general, con una afectación positiva a las poblaciones más expuestas y amenazadas.
En las elecciones de marzo, como ciudadanía tenemos la oportunidad y el desafío de comenzar a cambiar las costumbres electorales, eligiendo a quienes presenten las mejores propuestas que reúnan, por lo menos, dos características básicas: viabilidad y eficacia.