Contraloría notifica a la Corte Constitucional incumplimiento de dos órdenes sobre protección ambiental del arroyo Bruno, en La Guajira

La Contraloría General de la República (CCR) notificó a la Corte Constitucional el incumplimiento de algunos de los aspectos ambientales que estableció en dos órdenes de su Sentencia SU-698 de 2017, en relación con el proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira, por parte de la empresa Cerrejón.

Este órgano de control hace parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional que ordenó conformar dicha sentencia y su participación se centra en realizar seguimiento a las órdenes impartidas en la misma.

La CCR fue requerida por la Corte Constitucional para que le diera un informe sobre los avances que conoce del cumplimiento de esas órdenes y el estado actual de su gestión en el tema. 

El reporte, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, relaciona las conclusiones de una evaluación que realizó sobre el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la Sentencia que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Una de las conclusiones de esta auditoría de Cumplimiento es que se aprecian deficiencias que impactan el cumplimiento de las órdenes quinta y octava de la Sentencia SU-698 de 2017.

En relación con la Orden Quinta, la Contraloría determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, responsable del cumplimiento de la Sentencia.

Y en relación con la Orden Octava, la auditoria se enfocó en la evaluación al informe técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce, determinando que se presentan las siguientes situaciones: debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas.