¿De dónde proviene el fracaso de la gestión del hambre en La Guajira?

En una reciente columna de opinión, el antropólogo Weildler Guerra Cúrvelo escribió que el estado de cosas inconstitucional en La Guajira caracterizado por la muerte recurrente de niños entre cero y cinco años se debía a una mala gestión gubernamental, en donde las soluciones e intervenciones no se apoyan en lo que ofrece el territorio y el entorno comunitario.

Señala que las políticas públicas desconocen la riqueza y las aportaciones que pueden hacer desde el conocimiento los indígenas, entre ellos los wayuú, reduciendo la acción a soluciones externas, implantadas y extrañas que generalmente fracasan, lo que significa más de los mismos y con los mismos resultados, contexto que califica como el fracaso de la gestión del hambre.

Refiriéndose a los indígenas, a estas fallas existentes en el desarrollo de la misión social del Estado, el Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, la llama “barreras interculturales” insuperables, en donde la carga de los malos resultados se le asigna al comportamiento de las comunidades que generalmente tienen respuestas sociales inadecuadas frente a sus iniciativas, lo que en criterio de la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 pone en  evidencia  el profundo  desconocimiento de la organización social y política, sus relaciones de parentesco, valores culturales, concepciones sobre la salud y del sistema normativo de la sociedad wayuú.

Es por ello que la Corte ha propuesto la superación del estado de cosas inconstitucional atendiendo los problemas estructurales de alimentación, agua y salud de la niñez wayuú, a través de remedios dialógicos, indicando que debe privilegiarse el diálogo intercultural y examinarse detenidamente la adopción de procedimientos de hecho basados en medios coercitivos y de poder para imponer ofertas institucionales innecesarias e impertinentes.

La errática gestión del hambre también se muestra en el uso de los sistemas de información, que en el cuerpo de la Sentencia T-302 de 2017 se adopta como uno de los ocho objetivos mínimos constitucionales. La Corte determina que las entidades accionadas deben procurar fortalecer sus sistemas de información para intervenir con calidad la multicausalidad del hambre en los corregimientos y poblados.

Uno de los instrumentos que tiene el departamento de La Guajira para intervenir la gestión del hambre son los informes que se incorporan en el mapa epidemiológico, documento que se nutre de la información reportada desde las instituciones que participan en el sistema integrado de salud y que semanalmente se da a conocer como producto de un detallado seguimiento a la muerte de los niños.

Los entes académicos y especialmente, las instituciones que le hacen seguimiento a la muerte por desnutrición en La Guajira, por muchos años han usado esta bondadosa herramienta  de gestión para realizar alertas a las autoridades administrativas territoriales y nacionales, sistema de gestión que tiene más de cuatro décadas de existencia, el cual fue  fortalecido durante el periodo de intervención del sector salud, pero que desde hace 6 meses la Gobernación de La Guajira parece no preocuparle su edición y le está dando un entierro de  quinta, tanto así, que la ha desaparecido de la  página web de la Secretaría Departamental de Salud.

¿Es esta nueva acción una muestra de la errática acción contra el hambre y de su fracaso? En aras de conocer lo que sucede con este informe tan necesario para precisar semana por semana el mapa epidemiológico territorial, durante el mes de abril se le envió una correspondencia al gobernador señalando la preocupación por la desactualización de la información contenida en el reporte del perfil epidemiológico departamental, referente a los casos de desnutrición y fallecimientos de niños entre 0 y 5 años en La Guajira.

La Secretaría de Salud ha dejado de publicar esta información tan valiosa para la comunidad de instituciones públicas y privadas que se encuentran desarrollando acciones para mitigar la incidencia. Los últimos mapas publicados por la Secretaría de Salud fueron los compartidos por la gerencia de la intervención antes de su salida durante el 2021.

A este requerimiento, la Secretaría de Salud respondió que dicha información se desestimuló, ya que los datos allí contenidos son controvertibles y generaban polémicas. En la comunicación enviada a la Veeduría Ciudadana a la implementación de la Sentencia T-302, señaló que las informaciones sobre la muerte de niños por sus diferentes causas serían nuevamente publicadas semanalmente los martes a las 6 p.m., acción que no se ha cumplido.

Daron Acemoglu, un prestigioso economista y docente de  la Universidad de Harvard,   autor del  ‘Porqué fracasan los países’,  señala que las  bases del crecimiento económico  de los países,  regiones y localidades no se puede explicar suficientemente  desde el aprovechamiento eficiente de las disponibilidades de los factores de producción, sino desde la  calidad de sus instituciones, lo que a su vez  depende de la disponibilidad de información  que les permitan  a quienes gobiernan tomar decisiones  acertadas y pertinentes para cambiar la vida de los pueblos. 

Desde este punto de vista, es imposible que las múltiples causas del hambre se puedan intervenir eficazmente sin información, ya que no se puede   actuar sobre lo que no se conoce. Pero es aberrante que un grupo o élite gubernamental le huya a la discusión pública y que de un zarpazo acabe con una información útil para la sociedad que tiene cerca de cuatro décadas de existencia.

El Foro Económico Mundial ha venido acopiando los más importantes aprendizajes de los sistemas de salud pública en el contexto del Covid-19. Este organismo ha centrado su atención en los sistemas de información y el rol que ellos juegan para evitar futuras enfermedades que pongan en riesgo las capacidades de la atención médica y hospitalaria.

En esa medida ha reiterado a los países y a sus gobernantes, que la mejor gestión en salud pública se encuentra en la información, ya que permite prevenir patologías, realizar intervenciones, hacer planes, determinar los lugares de incidencia, invertir adecuadamente y ganar credibilidad institucional.

En La Guajira parece ocurrir todo lo contrario. Para evitar los cuestionamientos de las políticas implementadas sobre el hambre, en vez de reafirmar institucionalmente lo que es procedente técnicamente y generar valor desde los públicos, lo que se ha venido haciendo es negar información sin mostrar el pétreo rostro individual y colectivo de esta generación de actores de gobierno, que con su comportamiento señalan de dónde proviene el fracaso de la gestión del hambre en La Guajira.

Fuente: Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017