El mandato alimentario para frenar
la desnutrición en los indígenas

El país ha venido transitado por un proceso electoral de los más difíciles y polémicas de los últimos tiempos, la afluencia a las urnas ha venido acompañada de diferentes peticiones urgentes a los candidatos presidenciales para que el país pueda tener un avance significativo frente a los marcados niveles de desigualdad y pobreza generalizada, que se manifiestan con una tendencia hacia la agudización como está sucediendo en la península de La Guajira.

Dichas peticiones han sido remitidas a todos los candidatos para que sean estudiadas y ojalá implementadas dentro de las políticas públicas del nuevo gobierno. Uno de los mandatos y que fue firmado por 74 organizaciones de la sociedad civil, el pasado 19 de mayo, se gesta como una iniciativa para expresar la preocupación sobre la generalización del hambre, malnutrición, desigualdad alimentaria, deterioro ambiental y salud pública.

El objetivo principal de las organizaciones y como lo manifiestan en el mandato es: “avanzar en la superación del hambre, la malnutrición, las inequidades y la dependencia alimentaria en Colombia, la generación de ambientes adecuados y saludables y la transformación de los sistemas alimentarios, el fortalecimiento de los sistemas alimentarios propios, ayudar y proteger los ecosistemas y avanzar hacia formas limpias en la producción de alimentos, lo cual permitirá avanzar en la realización del derecho humano a la alimentación  y nutrición adecuada y la soberanía alimentaria”.

El documento al respecto se ha fundamentado en las cifras presentadas por el Banco Mundial, cuando afirma que Colombia es el segundo país más afectado por la desigualdad en América Latina y el Caribe, y el primero entre los países miembros de la Ocde, donde la pobreza multidimensional en los hogares rurales colombianos corresponde a tres veces más que a las zonas urbanas. Ello se hace más profundo si se  le suma el incremento actual de los bienes de la canasta familiar que hace, que la población de escasos recursos, no pueda acceder a la alimentación de manera suficiente, con calidad e inocuidad.

Por otro lado, se afirma también, que en Colombia más de la mitad de la población tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, como lo señaló la encuesta de Situación Nutricional del 2015, al afirmar: “que el 54,2% de los hogares padecen de inseguridad alimentaria , lo cual se agravó durante y después de la pandemia y que la prevalencia de hogares con seguridad alimentaria  es mayor para los grupos étnicos, pues ocho de cada diez hogares liderados por indígenas se encuentran en inseguridad alimentaria”.

A esta desigualdad se suman las implicaciones negativas de la producción extractivista y agroindustrial, lo que refuerza la necesidad de la creación de políticas públicas, para la garantía de los derechos a la alimentación a la salud y a tener un medio ambiente sano.

Frente a los argumentos expuestos en el escrito, las organizaciones presentan 7 mandatos prácticos, viables y posibles de ser apropiados por parte del nuevo presidente y el nuevo Congreso colombiano 2022 -2026, que trazan un camino para enfrentar la situación del hambre en el país, con especial foco en las comunidades indígenas y en La Guajira.

Los mandatos

El primer mandato va dirigido a crear ambientes y entornos alimentarios saludables, reduciendo el impacto ambiental de la producción y consumo de productos comestibles y ultraprocesados y así promover la economía campesina y las economías locales de los grupos étnicos. Se busca también convertir el programa de alimentación escolar (PAE) en una política de Estado, garante de la alimentación y nutrición adecuada de los niños, niñas y adolescentes cumpliendo con los criterios de: I) Universalidad. II) Educabilidad, donde se garantice el acceso a alimentos reales y naturales provenientes de la agricultura campesina. III) Participación de la sociedad civil en el control y vigilancia de los recursos destinados  para que sean efectivos. IV) Sostenibilidad política y financiera, garantizando recursos económicos y técnicos y  V) En caso de existir detrimento deben existir sanciones jurídicas para los responsables del delito.

Como segunda medida, se plantea la protección y el cuidado de las semillas nativas y criollas como bienes comunes de los pueblos, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y su papel de mantenimiento de la agrobiodiversidad. El abastecimiento de semillas para la producción de alimentos suficientes y sus aportes a la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada.

Se pide en el tercer mandato, las medidas para defender la soberanía alimentaria y evitar el deterioro ambiental que genera el sistema alimentario actual, reconociendo y protegiendo la producción de alimentos, que fomenten la soberanía alimentaria de las comunidades locales, especialmente de los pueblos étnicos, de forma que se disminuya la dependencia de alimentos externos.

Se solicita como cuarta medida la justicia fiscal para disminuir las brechas de desigualdad alimentaria y ambiental, con impuestos saludables y evitando el gravamen del IVA en la canasta familiar, teniendo en cuenta que su efecto en la población empobrecida es negativo y no se ha demostrado la capacidad técnica para hacer una devolución efectiva de este impuesto a la población más pobre.

En el quinto punto, las organizaciones solicitan medidas para evitar la interferencia de la industria y el poder corporativo en las políticas alimentarias y piden como sexta medida la superación de la inequidad de género y feminización del hambre, reconociendo las propias economías, saberes y formas de las mujeres campesinas e indígenas, fortaleciendo la iniciativa de siembra, producción, intercambio, comercialización y consumo propio.

Finalmente, se solicita de manera urgente la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas garantizando las prácticas alimentarias, evaluando la implementación y ejecución de las políticas públicas y proyectos dirigidos a estos pueblos, para la construcción intercultural de los programas de alimentación a cargo del Estado.

Sin olvidar la importancia de garantizar el acceso inmediato de todas las personas a las cantidades mínimas de agua potable para satisfacer sus necesidades personales, domésticas y comunitarias.

Frente a la población indígena, piden aumentar la cobertura de los programas que lideran las unidades comunitarias de atención, entendidos desde una visión amplia y no como un complemento alimentario.

Todo esto encaminado a una política pública en un país que garantice el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y el medio ambiente sano.

Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.