La segunda vuelta: que se abra la puerta para profundizar en temas sociales

La segunda vuelta electoral presidencial que celebrará Colombia el próximo 19 de junio podría abrir la puerta a un «pacto nacional sobre grandes temas sociales» en materia de seguridad, lucha contra la corrupción e incluso el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Esa fue una de las conclusiones que formuló el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Grasa, en un coloquio celebrado este lunes por la Fundación española Alternativas.

«No sé si estamos viendo ya un nuevo país, pero las bases están y puede que ese nuevo Gobierno tenga posibilidades, sea quien sea, de hacer cosas diferentes, reflexionó Grasa, y adelantó que «gane quien gane, no lo tendrá fácil, porque ninguno de los candidatos tiene garantizadas las mayorías en el Congreso«.

En esta segunda vuelta se enfrentarán el candidato izquierdista, Gustavo Petro, quien ganó la primera llamada a las urnas con un 40,32% de los votos, y el populista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, que obtuvo un 28,15% de los votos.

Para Grasa, la novedad de esta convocatoria electoral se encuentra en «la victoria de la izquierda y de dos candidatos, parcialmente rupturistas, que forman parte del sistema, pero no del ‘establishment’«.

Al mismo tiempo, el jurista matizó que «Colombia vive desde hace una década y media un estallido social cuasi permanente, pero con erupciones y momentos de valle de calma», al ser uno de los países «más desiguales de la región del continente más desigual que es América Latina y el Caribe, con grandes problemas de violencia y con lugares donde el Estado no llega y casi no se le espera”.

Incluso identificó «tres momentos (en el futuro) especialmente delicados de tensión social»: la noche electoral, «dependiendo de la claridad de la victoria», la toma de posesión del nuevo mandatario el próximo 7 de agosto y el nombramiento de las carteras, y el periodo que sigue a la «entrada en funcionamiento del nuevo equipo, de dos a seis u ocho meses» después.

Por su parte y, en relación a la lucha contra el narcotráfico, la oficial de programas del Programa Global de Política de Drogas de la Open Society Foundations, Catalina Gil, destacó la importancia de que «el próximo presidente logre ir más allá del discurso de ‘la guerra contra las drogas fracasó'» y comience a «dar otras opciones».

«Espero que el próximo presidente entienda que hay muchos puntos de por medio en ese camino a la legalización. No siempre tenemos que apostar a la legalización, sino que hay más acciones que podemos hacer mientras eso pasa, como, por ejemplo, promover la investigación de la hoja de coca», sugirió Gil, a la par que señaló lo «irónico» de que su país «con tantos cultivos de coca» no sea experto en ello.

En materia de reformas de la policía, la «utilidad» de «fomentar el diálogo ciudadano para reflexionar acerca de la policía» que el país desea tener.

«Nuestra policía es muy militarizada», afirmó Gil, a la vez que puso sobre la mesa la necesidad de empezar a «delimitar» sus funciones, porque «hoy en día no son claras» y, como consecuencia, el país «usa la policía para todo».