La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, así como al representante de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
Según el ente acusador, van a juicio por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Los antes mencionados habrían participado en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que el Ministerio de las TIC les entregara el millonario contrato.
El fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción que lleva el caso determinó que de los $70.000 millones, algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la UT Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.
Trasladan a Emilio Tapia
Por orden de un juez que falló a favor del condenado contratista Emilio Tapia, fue trasladado de la cárcel La Picaleña en Ibagué a la de El Bosque en Barranquilla, Atlántico.
Natalia Morales, pareja sentimental de Tapia, interpuso la tutela argumentando que a sus hijos se les vulneró el derecho a la unidad familiar debido a que en Ibagué no podían visitarlo.
Emilio Tapia es investigado como uno de los ‘cerebros’ en el escándalo de corrupción.