Apropiación del conocimiento al servicio de la Sentencia T-302 del año 2017

La Constitución Política de Colombia reconoce a la Nación como a un Estado social de derecho, descentralizado, democrático, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana el trabajo, la solidaridad, y la prevalencia del interés general.

La Corte Constitucional de Colombia declaró mediante la Sentencia T-302 de 2017, el estado de cosas inconstitucional en torno al pueblo wayuú de La Guajira, lo cual se manifiesta en la violación masiva, y estructural de los derechos fundamentales de los niños indígenas y sus comunidades.

El proceso político actual que está viviendo el movimiento indígena en el ámbito local, regional y nacional dentro del marco de la Constitución Política de 1991 que define a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, amerita, que se piense en propuestas de formación democrática indígena sistemáticas y que respondan a diferentes realidades locales y regionales.

El Estado colombiano mantiene una deuda histórica acumulada con La Guajira y en especial con la Gran Nación Wayuú, habitantes ancestrales del territorio.

El desarrollo de las sociedades se concibe en la necesidad de avanzar en búsqueda de mejores condiciones de vida, entendiendo al mismo desarrollo como el  producto consciente de la inconformidad sobre el estado de las cosas, y de la intención consciente por encontrar un camino seguro hacia la  realización de todas las potencialidades posibles.

El reto de transformar sociedades inicia entre otras cosas con el proceso de cualificación del talento humano local, partiendo de la apropiación oportuna del conocimiento.

Basados en lo anterior y en la necesidad de fortalecer los procesos de gestión comunitaria wayuú, a través de la formación teórico práctica de sus líderes y autoridades tradicionales en ejercicios, habilidades, valores y apropiación de conocimientos claves para la participación organizada y eficiente; surge la oferta institucional  y comunitaria por parte de la Universidad de La Guajira, en alianza con la Veeduría Ciudadana para Sentencia T-302 del año 2017, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas –PMA– y la Fundación Caminos de Identidad –Fucai– en formar al recurso humano wayuú, a través de un diplomado en gobierno comunitario y control social.

La idea es fortalecer la gestión comunitaria wayuú, a través de un diplomado a tres años por ciclo o fase anual en temas claves de proyectos comunitarios, como lo son el estudio de la realidad local, los planes colectivos de vida y la gestión e implementación de los mismo, en los planes de desarrollo municipal, para estos casos, en los municipios accionados por la corte, a través de la sentencia t-302, o sea en Manaure, Uribia, Maicao y el Distrito de Riohacha.

Los gobiernos comunitarios se entienden como espacios políticos encargados de la organización comunitaria, resolución de conflictos, interrelación con agentes externos y defensa de la integridad territorial, a través de procesos autónomos reivindicatorios locales.

Por sus componentes y ejes temáticos transversales en gobernanza del agua, control social, conocimiento a profundidad del contenido de la sentencia y adestramiento práctico en elaboración de planes de vida locales, se entiende al diplomado, con una apropiación del conocimiento a favor del cumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017, al buscar impactar en la capacidad de auto gestión wayuú y  mejorar las  condiciones de vida, de los herederos ancestrales del territorio.

Hablar del agua es un tema clave en La Guajira y en especial en la comunidad wayuú, más allá de los postulados normativos es una necesidad vivencial y máxime que de acuerdo a las Naciones Unidas, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente.

La gobernanza del agua como eje temático del diplomado, es una apuesta académica novedosas en el territorio, buscando con ello conocer la realidad de este bien escaso y en consistencia con las regulaciones nacionales, se logre fortalecer la gestión autónoma y sostenible del preciado líquido.

El control social es una forma de participación de las personas que habitan un territorio en los asuntos públicos, es decir, hace referencia al derecho que tienen los ciudadanos de vigilar, hacer seguimiento, informar y evaluar los obstáculos, avances o dificultades que se presentan con los programas o las obras que se proponen o construyen para el beneficio de su comunidad y como se invierten sus recursos públicos.

El control social en La Guajira es una apuesta en análisis, investigación, opinión e injerencia sobre la gestión pública, para los procesos de reivindicación y de autonomía que adelanten los wayuú a futuro como pueblo étnico en defensa de sus territorios ancestrales, formas de organización, identidades culturales, cosmovisiones y derechos fundamentales.

En un proceso de apropiación de conocimiento, resulta clave para los guajiros y en especial para los wayuú, conocer a profundidad y en wayuunaiki su lengua nativa, sobre la sentencia T-302 del año 2017, fallo judicial de obligatorio cumplimiento, que busca reconocer la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales de acceso al agua potable, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud integral y al diálogo genuino del pueblo wayuú.

Un Plan de Vida Indígena aplica como instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de auto gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del consenso.

El Plan  Vida, como insumo básico de los planes de desarrollo de los municipios,  consolida un documento clave que contiene información de primera línea sobre la comunidad, sus recursos, sus necesidades y sobre los cambios que  quieren lograr, a través de proyectos, que permitan esos cambios que mejoren su condición  de vida.

Ahora bien, las comunidades wayuú son conscientes de la necesidad de promover una formación sistemática, seria y sólida que sirva de espacio de reflexión y fortaleza de la identidad y la autonomía. Se hace necesario de manera conjunta, buscar espacios de participación en las estructuras organizativas y administrativas locales, en los procesos de planeación estratégica a mediano y largo plazo y tener injerencia en los procesos de gestión y control social, con visión política y ética de nuestros líderes y autoridades tradicionales wayuu.

El diplomado como espacio e instrumento de reflexión comunitaria a través de la formación teórica práctica y en el entorno wayuú, plantea un reto y oportunidad también de participación y formación a los funcionarios públicos de La Guajira y del orden nacional, que desconocen en un alto porcentaje el contenido de la sentencia y los preceptos normativos vigentes sobre el control social, gobiernos del agua y los planes de vida, como instrumentos impactantes del desarrollo local y regional.

Fuente: Veeduría Ciudadana a la sentencia T 302 de 2017