A pesar de sentencia del Consejo de Estado, Cárcel Judicial de Riohacha no cuenta con sistemas de detección y alarmas de fuego

Coincide la tragedia que ha sucedido en la penitenciaría de Tuluá, donde perdieron la vida más de 50 reclusos, con los 5 años y 7 meses desde cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira profirió la sentencia de primera instancia por la cual ordenó al Inpec adoptar las medidas, e instalación de equipos especializados destinados a evitar un Desastre Técnicamente Previsible por falta de equipamiento para sofocar incendios en caso de presentarse una alteración del orden público al interior del penal.

La providencia judicial fue expedida en virtud de la Acción Popular promovida por el abogado Luis Eduardo Acosta Medina en su calidad de procurador judicial, y fue coadyuvada por la Defensoría del Pueblo, que advirtió en aquella oportunidad que en caso de incendio al interior de ese establecimiento carcelario ni los internos, ni el personal de guardia, ni el administrativo estarían a salvo de morir por una conflagración.

La sentencia fue apelada y la decisión correspondió al Consejo de Estado, el cual confirmó la decisión, dándole la razón a Acosta Medina. La Sala de lo Contencioso Administrativo dijo que estaba probada la violación  de los derechos  colectivos a la defensa del patrimonio público, la seguridad pública y la construcción de la infraestructura y desarrollo urbano, dando prevalencia al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la prevención de desastres técnicamente previsibles por falta de equipos especializados en la prevención y sofocación de incendios en ese establecimiento.

La única modificación que hizo el Consejo de Estado en su fallo de 39 páginas a lo decidido por el Tribunal, fue que dispuso “Incluir al Tribunal Administrativo de La Guajira como parte del Comité de Verificación con la finalidad de que realice seguimiento y adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia”.

En su Acción Constitucional, el reconocido abogado, folclorista, docente e investigador de Monguí aportó  pruebas contundentes para demostrar que los internos y el personal de guardia y el administrativo de esa penitenciaria se encuentra sometido al peligro inminente de perecer en caso de un amotinamiento o cualquier incendio que allí se presente, y demostró en inspección judicial que el Inpec y el Uspec estaban sometiendo a riesgo colectivo  inminente que ningún ser humano estaba obligado a soportar, y puso para ilustración de la Magistratura el ejemplo de lo sucedido en la Cárcel Modelo de la ciudad de Barranquilla, donde más de treinta   internos perdieron la vida por no contar con ese sistema preventivo, poniendo en peligro no solo  la vida de los internos, sino de todas las personas que allí ingresan por orden de jueces y fiscales, y puso de presente que hasta el más peligroso criminal tiene derechos que se deben garantizar.

El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016,  con ponencia de la magistrada Nadia Benítez Vega, negó las pretensiones respecto del  Ministerio de Justicia y del Derecho,  pero dijo que tiene la razón el procurador judicial y en consecuencia declaró que la Unidad  de Servicios Penitenciarios del Inpec,  al omitir dar cumplimiento a los requerimientos que le hizo el procurador judicial antes de instaurar la Acción Constitucional para que instalara los equipos contra incendio, violó el derecho colectivo a la seguridad pública y la prevención de desastres técnicamente previsibles y le ordenó instalar extintores con la última versión  de las normas de extintores portátiles NTC 2885  y con las normas de extintores de fuego NFPA 10 en todas las puertas de evacuación en esa penitenciaria.

Entre las medidas que se ordenaron se encuentra colocar sistemas de detección y alarmas de fuego, y dotar el establecimiento de un sistema de bocas de incendio debidamente equipado con tomas de agua fija para bomberos, lo cual debía ser coordinado con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia se concedió un plazo de seis meses, pero ante la tragedia de Tuluá, este medio de información con varias de sus fuentes pudo establecer que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, el Tribunal debe verificar el tema, ya que el Consejo de Estado le ordenó seguimiento al comité que debía verificar el cumplimiento de la decisión.

Se recuerda que en la sentencia se ordenó la conformación de un Comité de Verificación del cumplimiento conformado por el procurador, el comandante del  Cuerpo de Bomberos de Riohacha, la defensora  del pueblo y el personero distrital. Ese comité a su vez tiene la obligación de enviar al Tribunal un informe cada dos meses sobre el cumplimiento de lo ordenado hasta los seis meses que se le dio de plazo para ello a la Unidad de Servicios Penitenciarios, esos seis meses,  al haberse presentado recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y decidido dicho recurso, se cuentan a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia que profirió el  Consejo de Estado.

Una fuente de este medio de información manifestó que se abstuvieron de cumplir el fallo judicial, debido a que se encuentran en trámite las decisiones para que opere la nueva cárcel, pero los accidentes, las tragedias no avisan ni dan espera, es un peligro inminente, y será el Estado y los funcionarios omisivos quienes tendrán que responder, por eso es necesario que se implementen medidas urgentes para evitar una tragedia.