Corte Constitucional ampara derechos de habitantes del Cabo de la Vela para ser tenidos en cuenta en la Sentencia T-302

Las autoridades tradicionales del Cabo de la Vela han sido escuchadas por la Corte Constitucional frente a solicitud de espacios de trabajo en territorio frente a la sentencia T-302.

Esta situación se dio tras gestiones por parte del equipo de Plan de Salvaguarda del corregimiento del Cabo de la Vela, en Uribia, en apoyo con los líderes y las autoridades tradicionales donde se ha requerido un trabajo en territorio teniendo en cuenta las distintas dinámicas de los territorios étnicos y el potencial de desarrollo que se tiene en el corregimiento, dada la situación de proyectos eólicos y carboníferos.

Además de proyectos turísticos, donde la Corte Constitucional ha proyectado dentro de su seguimiento poder priorizar estos espacios de trabajo.

Es importante destacar que esta gestión la han liderado William Iguarán González, Cesar Guerra, Harold Uriana, delegados por parte de las unidades territoriales ubicadas en el Cabo de la Vela para desarrollar diálogos genuinos con los distintos niveles de gobierno.

En un auto emitido por la Corte Constitucional, haciendo referencia al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 y donde el asunto es la petición de la comunidad wayuu del corregimiento de Cabo de la Vela, por medio del Magistrado Sustanciador José Fernando  Reyes Cuartas, resolvió lo siguiente: “Informar a la comunidad wayuú del corregimiento de Cabo de la Vela que los hechos puestos en conocimiento de la Corte Constitucional a través del correo electrónico del 26 de mayo de 2022 serán tenidos en cuenta en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Asimismo que proceda la Secretaria General de la esta Corporación a comunicar la presente decisión a la comunidad peticionaria, remitiendo copia integral de la misma”. 

William Iguarán González, ponente de las querellas de la comunidad del Cabo de la Vela, dijo que “hay que manifestar que dado el poco avance en el cumplimiento de la sentencia, las comunidades están preocupadas por el poco avance en la estructuración en el plan de acción y lo que aún persiste en el territorio es el estado de cosas inconstitucionales y que está incidiendo en la dinámica de las comunidades, sobre todo en la supervivencia cultural teniendo en cuenta la crisis en relacionamiento y oferta ambiental del territorio, la oferta alimenticia, la cual esta reducida”.