Con sorpresa y un poco de desconcierto fueron recibidas las informaciones hechas públicas por parte de los miembros de la Comisión de la Verdad de la JEP, en el marco del proceso de socialización que se desarrolla por todo el país para que se conozcan todos los pormenores sobre las víctimas y victimarios de los últimos 50 años de violencia que afectó y que sigue afectando al país.
La jornada de audiencia de reconocimiento se cumplió en Valledupar, la misma que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, dejando al descubierto el patrón criminal que utilizaron los militares para las ejecuciones extra judiciales, con el objeto de asesinarlos para presentarlos luego como bajas en combate.
Quienes no somos familiares de las víctimas seguramente no podemos medir el dolor que le generó a los familiares los crímenes que cometieron los agentes del Estado; muchos de esos asesinatos los hicieron militares en contubernio con los paramilitares a cambio de permisos especiales, por reconocimientos a su ensangrentada hoja de vida y otros a cambio de dinero, pero también el agridulce ante la sociedad que rodea el familiar, de saber que la víctima era una persona sana y luego es presentado con un guerrillero combatiente.
Los militares involucrados en estos ataques generalizados y sistemáticos en contra la población civil, han sido imputados por los delitos de homicidio en persona protegida, crimen de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, pero cualquier calificativo que lo rotule el Código Penal, las autoridades y la sociedad, no minimiza el dolor que el familiar pueda estar pasando.
Es una cadena de dolor tras el sufrimiento del familiar al momento de recibir la noticia de la muerte de su pariente, tristeza al quedar dentro de la duda si en verdad lo que dijeron las autoridades del momento era verdad, pero también un sentimiento de impotencia al ver frente a frente el asesino de su familiar que de una forma fría y sin escrúpulo, narra cómo ocurrieron los hechos.
Estamos hablando de cifras escalofriantes, son datos que deben mover a la sociedad del norte del Cesar y el Sur de La Guajira sin distinción de credo político ni etnia ni estrato social, miren las cosas de frente y que todos estos hechos no solamente apuntan al reconocimiento, al arrepentimiento y a la reflexión, sino también a la no repetición y a la reparación de los familiares de las víctimas para colocar las primeras piedras de la reconstrucción de estas familias golpeadas salvajemente por la violencia.
Nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y decirles que no están solos en esta lucha por la recuperación de la paz porque como es sabido, que el norte del Cesar y el sur de La Guajira conforman una región que comparte no solamente geográfica sino sueños y esperanzas