El problema no son las EPS

En una reciente charla con uno de los buenos investigadores de la salud en La Guajira, el ingeniero y especialista en gerencia pública como el suscrito, abordamos el tema de las EPS en Colombia y la incertidumbre que ha ocasionado la que será la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, quien ha expresado que eliminará las EPS y que en su momento el exministro de Hacienda Rudolf Hommes le expresó al presidente Gustavo Petro que generaría una hecatombe nacional.

El principal problema es la prestación del servicio. Expresa Hugo Bandera al respecto: “El acceso a los servicios no creció de la misma manera como creció el aseguramiento, el 99.6% de los colombianos están protegidos financieramente, pero no sucedió lo mismo con la prestación de servicios. Y esto se refleja más en las ciudades intermedias donde el sistema no invirtió en los hospitales públicos, no hubo inversión privada. El 80% de las tutelas contra los servicios de salud, ya no son por negación del servicio, ahora es por oportunidad, la que nos indica la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere lo más pronto posible sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud, por esta razón creo que este es el principal problema”.
Y reafirma: “El sistema requiere reformas profundas, pero creo que no es la eliminación de las EPS la solución. Obligando a los beneficiarios de estas ciudades intermedias y pequeñas a desplazarse a las principales ciudades, por lo cual, se presenta congestión”.
Para 2018 se presentaron 41,68 tutelas en salud por cada 10.000 habitantes, lo que representa un aumento de 3,95% en relación con el 2017. Las tutelas por vulneración de la salud se ubican como la segunda causa más frecuente de tutelas interpuestas en el país. Los departamentos en donde con mayor frecuencia se presentan son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, que concentran el 42% del total de tutelas para el 2018. Para el 2018 las tutelas se relacionan con mayor frecuencia con la solicitud de tratamientos 24,93%, en segunda instancia por medicamentos 16,33%, y en tercer lugar por citas médicas especializadas 14,97%. Estas son más frecuentes en el régimen subsidiado 49,45% en comparación con el contributivo 39,61%.
Las tutelas son interpuestas debido a la no garantía del derecho fundamental a la salud mediante la imposición de barreras de acceso relacionadas con la disponibilidad, accesibilidad aceptabilidad y calidad; este tipo de barreras de acceso para la población conllevarán a diagnósticos tardíos, muertes prematuras, peores desenlaces en salud y un consecuente aumento en la carga de enfermedad de diferentes patologías. Es bien sabido que muchos pacientes en el país no pueden acceder a los servicios de salud por variables como las barreras geográficas, las distancias entre sus viviendas y los centros de salud, la falta de recursos para transportarse hacia las capitales, centros poblados o cabeceras municipales, o debido a la violencia.
Asegura que: “La prioridad debe ser cómo mejorar el acceso y principalmente en ciudades intermedias, pequeñas y en las zonas rurales. Otro aspecto debe ser la atención de los afiliados en todo el país, la unificación de la información clínica a nivel nacional. El sistema en salud colombiano es de aseguramiento social universal, es un sistema mayoritariamente público, financiado por el Estado, impuestos y cotizaciones de seguridad social”.
Para contextualizar, Hugo expresó: “Antes de la Ley 100, los colombianos gastaban por cada $100 de su bolsillo, $55 pesos en salud, al entrar en vigencia la Ley 100, los colombianos solo gastan $15 por cada %100 que sacan de su bolsillo. Quiere decir que Colombia tiene un sistema menos comercial y es el Estado el que regula el plan de beneficios. En el sistema de aseguramiento aparecen los aseguradores, las EPS que son las que garantizan el acceso a los servicios de salud.
El sistema de aseguramiento universal es porque toda la población está asegurada 99.6%, unos aportan un descuento del salario y otros los asume el Estado con el régimen subsidiado. En un sistema de aseguramiento tienen que existir los aseguradores para organizar la red de prestadores de servicios, revisan las facturas que presentan los hospitales y las clínicas, verifican que hayan prestado el servicio a los afiliados, controlan que no se den servicios a personas que no lo ameritan, conocer de antemano los riesgos que pueden presentar los afiliados por enfermedades hereditarias, para que la gente pueda recibir una atención integral.
Ahora dicen que el asegurador sobra, porque lo único que hace es una intermediación financiera, y que debe pagar el Estado directamente. El Estado no tiene como función pagarle a nadie, el Estado tiene que contratar una entidad para que realice las mismas funciones que hoy hacen las EPS: vigilen, auditen y paguen las cuentas.