Vuelve la inestabilidad institucional a La Guajira

La inestabilidad institucional y política de La Guajira, remite a pensar en los economistas y escritores del famoso Bets Seller ‘Por qué fracasan los países’. En el documento Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT y James A. Robinson, profesor de economía de la Universidad de Harvard, no dudan en afirmar que en el mundo aún no se aprende o no se conoce suficientemente sobre cómo hacer a un país o región fuerte, social y económicamente.

Contradiciendo los planteamientos de los clásicos de la economía como Adams Smith (ventajas absolutas) y David Ricardo (ventajas relativas) y de otros autores contemporáneos de la teoría del desarrollo a través del ahorro, la inversión y la tecnología, se acercan a los planteamientos post keynesianos, al determinar que el secreto de la fortaleza de las naciones se encuentra no en la robustez financiera, sino en las capacidades y calidades de las instituciones, siendo la estabilidad administrativa y el desarrollo de políticas públicas transparentes y sostenibles, los elementos necesarios para la prosperidad colectiva.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, por los resultados del desarrollo económico y social hasta ahora logrados, La Guajira sería el mejor de los ejemplos en su aplicación en la dimensión regional y territorial, dado que se ha presentado un desfile de gobernantes en los últimos años que incrementa la inestabilidad administrativa y política. Es conveniente recordar que se han visto entrar y salir múltiples gobernadores del despacho del Palacio de La Marina. Varios de ellos han tenido que dejarlo después de sonadas destituciones, procesos que se iniciaron en el periodo institucional 2012-2015. A partir de allí, se contabilizan 15 gobernadores interinos en un periodo de 11 años, de los cuales varios han salido por cuestionamientos legales.
El último hecho se presentó con el gobernador elegido para el periodo 2020-2023.La sesión quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Nemesio Roy Garzón como gobernador al incurrir durante su campaña electoral del 2019 en doble militancia. Mediante tutelas falladas a su favor por las sesiones segunda y tercera, regresó a su cargo en el segundo semestre de 2021.

Finalmente, la Corte Constitucional al iniciar el segundo semestre de este año al revisar los fallos de tutela, le dio la razón a la sesión quinta del Consejo de Estado, quedando por fuera de la administración, al encontrar que efectivamente el entonces candidato incurrió en la prohibición constitucional de doble militancia.
Luego de conocer la decisión, el gobernador saliente manifestó: “… este departamento tiene que salir adelante. Algún día los caníbales de la política que no pueden ganar en las urnas y que a punta de demandas quieren llevarse por delante la vocación del pueblo, algún día desaparecerán”. En relación con ello, es necesario aclarar que la Corte Constitucional dejó claro en su fallo los argumentos para negar laacción de tutela en beneficio de la elección del gobernador de la Guajira, documentación que está centrada sobre la ética y la cultura con que se asumen los procesos electorales en el territorio. Para la Corte, el entonces candidato Nemesio Roys, desestimó el alcance de las prohibiciones existentes y violó las reglas de juego que determinan los procesos de escogencia de los gobernantes en Colombia. En esa medida, las dificultades estuvieron centradas en él como aspirante y no en el adversario político.

Nemesio Roys, exgobernador de La Guajira.


Los hechos que tomó la Corte Constitucional como evidencias, nada tienen que ver con las retaliaciones políticas regionales, sino con la manera en que se hace y se implementa la gestión electoral en el Departamento, en donde los actores creen que el todo vale. Las constantes demandas que surgen en La Guajira, se deben a que los actores de los procesos electorales no son transparentes. Lo anterior trae fuertes consecuencias sobre el gobernante, ya que durante la gestión administrativa se ven absorbidos por el tiempo que tienen que dedicarle a la defensa de sus propios casos y no al desarrollo e implementación del plan territorial desarrollo y descuidando totalmente la agenda de gestión social, en donde la construcción del plan de acción para la implementación de la Sentencia T-302 del año 2017, es sustantivo para el 53% de la población guajira.
Carlos Matus, promotor de la planificación estratégica situacional, de diferentes maneras reitera que en América Latina somos expertos para hacernos elegir y hacer malos gobiernos. Lo concreto es que una vez, actuando como gobernantes ese candidato se aísla de sus electores y centra su atención en los pequeños grupos de electores que le permitieron llegar a dicho cargo. Así se puede explicar la falta de interlocución existente en los últimos años, en un departamento que pasó de la intervención de los servicios de salud, educación y agua, al manejo territorial de estos servicios sin resultados evidentes. En la actualidad, el contexto se ha agudizado, ya que La Guajira se encuentra bajo la Ley 550 de 1.999 mientras se logra poner al día con los acreedores, lo que implica cambiar la destinación de los recursos disponibles, ahora centrados en el saneamiento fiscal.
La incertidumbre que ahora ronda en el Departamento, es quién tomará las riendas como gobernador interino; el periodo de gestión que tendrá: si se realizarán nuevas elecciones; si continuará el programa del gobernador saliente; el rumbo que tendrá y el nuevo puerto al cual navegará. Desafortunadamente, en La Guajira los gobernantes se centran en una acción de gobierno más personalizada que institucional, y por ello los programas de gobierno presentados por Roys Garzón, tienden a quedar sin dolientes que sean capaces de implementarlos con pertinencia, calidad y universalidad.
Ello para indicar que la creación de instituciones fuertes y de calidad, son sustantivas para determinar las rutas de desarrollo de una nación o de una región. Desafortunadamente el gobernador saliente no se preocupó suficientemente en construir estos factores claves para disminuir las brechas sociales. Por ello, en La Guajira somos expertos en ganar elecciones e inexpertos en gestar gobiernos e instituciones de calidad.
Esta situación de incesantes relevos de gobernantes, llevó al departamento a una inestabilidad administrativa, política, social, económica y ambiental, e inevitablemente hace que se presente un atraso considerable en la construcción de planes de urgencia para salvar la vida de los niños y niñas de la región quienes siguen muriendo por enfermedades relacionadas a la desnutrición.
La inestabilidad se presenta en medio de un nuevo escenario de implementación de la Sentencia T-302 de 2017, dado que la Corte Constitucional en el Auto 696/2022 publicado el 26 de mayo, imparte órdenes específicas sobre el acceso al agua potable, la construcción de líneas de base de los niños, su estado de salud y la efectividad de las obras entregadas por los gobiernos anteriores, incluyendo el famoso proyecto Guajira Azul.
Las órdenes dadas por la Corte en el nuevo documento jurídico deben ser tenidas en cuenta y consignadas dentro de un plan de acción provisional que se presentará en los próximos 2 meses. Adicionalmente, se deben implementar programas de atención de urgencia para el monitoreo, seguimiento y recuperación de niños con desnutrición o riesgo de presentarla, para que se logre frenar la muerte de los menores en la península. ¿Quién responderá por esta orden en el Departamento y con qué recursos?
Fuente: Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.