Aplazan adjudicación de la APP del Canal del Dique, futuro del megaproyecto queda en manos del gobierno Petro

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aplazó la adjudicación del megaproyecto de la APP del Canal del Dique, que conecta al río Magdalena con el mar Caribe.

A pocas horas de adjudicar el billonario contrato a la firma española Sacyr, como único oferente para el desarrollo de las obras de ampliación, el proceso quedó suspendido por este gobierno saliente.

Le corresponderá ahora al nuevo presidente Gustavo Petro, definir la suerte de este proyecto que reclaman desde hace décadas los habitantes ribereños de 3 departamentos de la costa: Atlántico, Bolívar y Sucre.

“La entidad ha manejado todos los procedimientos técnicos y estimó que el proceso se debe demorar un poco más. Hicimos todo lo humanamente posible para dejar el proyecto a punto y espero que pueda recibir el espaldarazo del próximo gobierno”, dijo el presidente Iván Duque.

Por su parte, la firma española señaló: “Acatamos la decisión de la ANI y estamos a disposición de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro del proyecto”.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos para que un proceso de más de 10 años sea aplazado nuevamente y a última hora?

Uno de los motivo por el cual la ANI habría decidido aplazar la adjudicación de las obras del Canal del Dique, es la lista de cuestionamientos planteados por la Contraloría General, que advierte de los riesgos que existen con la adjudicación de la megaobra cuya inversión supera los $3,19 billones.

Para la Contraloría, la empresa Sacyr no estaría cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el proceso de adjudicación.

Expuso que las certificaciones de experiencia en inversión no cumplirían con los requisitos establecidos para poder firmar el contrato, ya que la empresa española informó de una participación del 37,4% en la compañía Desarrollo Vial al Mar (Devimar), cuando el mínimo para entrar a una licitación pública debe ser del 51%.

Además, Sacyr Colombia presentó una acreditación de inversión amparada en su casa matriz en España y de otra compañía similar en el mismo país, lo que no es aceptado en un proceso de licitación pública en Colombia.

También cuestiona la Contraloría que la capacidad financiera de Sacyr para el desarrollo de la megaobra, ya que además está participando en el proceso de adjudicación de la concesión vial de Buenaventura – Loboguerrero.

Para los delegados del mandatario electo Gustavo Petro, la ANI no cumplió con la socialización y participación de las comunidades en los temas ambientales, y tampoco se han definido las medidas para mitigar los impactos que causaría el aumento de sedimentos en las zonas de influencia.

“Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio se han inventado un instrumento de manejo ambiental que no existe en la norma para justificar la asociación público – privada (APP) y acelerar su trámite de adjudicación”, dijo la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad.

El megaproyecto considerado de 5G en Colombia, mitigaría los riesgos de inundaciones, desbordamientos y afectaciones a los municipios ubicados sobre la margen del Canal del Dique, así como el arrastre de sedimentación al mar, en especial a la Bahía de Cartagena.