Representante Juan Loreto Gómez radica en el Congreso dos proyectos de ley fundamentales para La Guajira

Dos proyectos de ley radicó el representante a la Cámara, Juan Loreto Gómez Soto, que buscan elevar a la categoría de política pública el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la creación de la especialidad ambiental en la jurisdicción Contencioso Administrativo.

Con la radicación de estas iniciativas legislativas, el representante avanza en dos importantes discusiones, el primero de ellos, es establecer el  PAE en política de Estado, elevando la categoría de esta en una política pública, buscando otorgar más garantías para el cumplimiento efectivo, del complemento alimenticio de los niños, niñas y adolescentes.

“Es necesario que, dentro del ordenamiento colombiano, las discusiones sobre la infancia sean transversales, se fortalezcan institucionalmente con una asignación de recursos permanentes, solo así se pueden gestar infancias saludables y felices. Está demostrado científicamente la importancia de una buena nutrición en la formación cognitiva de los niños y niñas”, afirmó Gómez Soto.

Así mismo, manifestó que este proyecto no es una solución definitiva al problema del hambre en nuestras aulas, pero es un primer camino para que, desde el frente parlamentario contra el hambre, “generemos estrategias que se materialicen en una legislación robusta en favor de la erradicación de todas las formas de malnutrición”.

La segunda iniciativa es la creación de una Especialidad Ambiental en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en Colombia, esto permitirá aplicar contenidos específicos en materia ambiental, facilitar el acceso a la administración de justicia, tomar decisiones de forma eficaz en tiempos óptimos de respuesta y establecer un nuevo perfil de juez ambiental que sea capaz de encausar y resolver los conflictos ambientales.

Actualmente, un proceso jurídico en materia ambiental puede tardar en primera instancia más o menos dos años. Con la puesta en marcha de estos tribunales se calcula que el tiempo se reduciría a aproximadamente a seis meses.

“Es importante dotar a nuestra sociedad de jueces y magistrados con autonomía en temas ambientales, la implementación de estos tribunales a nivel mundial ha mejorado la aplicación de la legislación ambiental, la participación pública en la defensa de derechos y el acceso a mecanismos jurídicos relacionados con la protección del ambiente”, finalizó Juan Loreto Gómez.