Guajira Azul, las dudas sobre sus impactos, operatividad y sostenibilidad

A la semana 34, según Minsalud y el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se reportan 197 muertes de niños entre 0 y 5 años por enfermedades asociadas a la desnutrición.

El 48 (25%) de ellas en La Guajira,  afectando mayoritariamente a la niñez indígena de  Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, territorios especialmente protegidos por la Sentencia T-302 de 2017, que conmina a las autoridades nacionales y locales  a llevar  servicios  de manera progresiva de agua,  alimentación, nutrición y salud a las comunidades wayuú, pero  que después de 4 años  su implementación aún no se concreta, en especial, el del acceso al agua potable suficiente, permanente y de calidad. La muerte recurrente de niños y niñas ponen en dudas los resultados obtenidos por el Programa Guajira Azul.

A diferencia de lo que afirma el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, el Programa Presidencial Guajira Azul, no ha sido un programa especializado en dotar de agua y saneamiento básico a las   comunidades wayuu, que habitan la zona rural de los municipios tutelados. Este  se encuentra articulado al Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018 -2022,  Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a partir de implementar la iniciativa por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, en la que se determina una propuesta amplia  que incluye darle a los ciudadanos del departamento de La Guajira  un servicio con agua limpia, siempre y para todos, pasando del 26% de municipios con agua apta para el consumo humano al 86% y extendiendo el tratamiento de aguas residuales domesticas en las cabeceras municipales del 24% al 68% en el 2022.

En el ámbito rural la línea de base de la cobertura de programa es imprecisa. El gobierno saliente propuso reducir las brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico al pasar de una cobertura del 4% en el 2018 al 70% al finalizar el gobierno.  Esta cobertura se construyó a partir de los 29 pozos e intervenciones de potabilización de agua del DPS y de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, dotados en desarrollo del Pacto por el Agua y la Vida en La Guajira durante el 2016 -2018 y que en la actualidad no funcionan por falta de sostenibilidad, patrimonio público que se encuentra en franco deterioro.

A partir de ello,  el Programa Guajira Azul se entiende como una oferta institucional transitoria para gestionar el acceso al agua potable y saneamiento básico con el objetivo de asegurar la cobertura, continuidad y calidad en los servicios, con énfasis más urbano que rural. Tiene tres componentes: i) incremento de coberturas urbanas y rurales, principalmente en los municipios de mayor concentración indígena; ii) incremento de la continuidad y calidad del agua suministrada a la población urbana; y iii) incremento del tratamiento de aguas residuales domésticas en las cabeceras.

Para alcanzar las metas se establecieron ciento veintiocho (128) intervenciones urbanas y rurales entre consultorías para el diseño de detalle y construcción de obras. Los componentes urbanos incluyeron intervenciones en los 15 municipios del Departamento y están relacionadas, entre otros, con la dotación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR), ampliaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, optimización hidráulica de los sistemas de acueducto, planes maestros y plan de aseguramiento, de gestión social y gestión de riesgos, obras de optimización de redes de acueducto y gestión de pérdidas de agua.

Las pilas públicas ha sido el modelo de gestión única de oferta institucional, que ha sido impuesto desde afuera, sin tener en cuenta las percepciones, condiciones y voluntad de los wayuú. El Modelo de Distribución de Agua para la Población Rural Dispersa para la Alta y Media Guajira implicó  la construcción de módulos de pilas públicas que constan de un componente de infraestructura (fuente de agua y captación, planta de tratamiento de agua,  pilas públicas y  carrotanque), un componente de aseguramiento de la prestación y un componente de gestión social, para el fortalecimiento comunitario  en apoyo a  la operación y puesta en marcha de la infraestructura y  educación sanitaria de las comunidades.

La gran debilidad es que el sistema de suministro depende de un carro tanque que no se mantiene adecuadamente, en un entorno en donde solo existen trochas que no funcionan  durante la temporadas de lluvias y las distancias de las pilas aferentes son heterogéneas, por lo que se requiere una programación adecuada y movilidad del carro tanque para asegurar el abastecimiento, cosa que no está sucediendo en la realidad en ninguna de las pilas públicas  que dice el Ministerio de Vivienda se encuentran en funcionamiento  en la actualidad (Casa Azul, Romunero, Sararao, Winpeshi, Amalipa y   Riritana).

El programa de acceso al agua tiene dificultades operativas. La Superintendencia de Servicios Público en un oficio a la Veeduría Ciudadana, sobre la operación de la Pila Pública de Casa Azul afirmó que el “carrotanque, cuyo uso es exclusivo para el suministro de agua a las pilas públicas del modelo de Casa Azul, se encuentra en operación; sin embargo, el MVCT ha evidenciado la ausencia de mantenimiento rutinario, cambio de aceite, cambio de filtros cada 5.000 km, cambio del vidrio panorámico y arreglo de motobomba portátil interna. El MVCT ha solicitado la realización del respectivo mantenimiento al municipio y al operador (Triple A de Manaure) en repetidas ocasiones, quienes han hecho caso omiso a estas solicitudes… no se tienen rutas de transporte de agua preestablecidas, no se tiene la hoja de vida del vehículo(mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos)”.

En relación con la seguridad y el estado de mantenimiento de los vehículos   usados para la distribución, también se reportó que en el usado para Casa Azul los dos (2) extintores del VTA (vehículo de transporte de agua) están vencidos desde el año 2020 y no cuenta con sistema tracción integral en todas sus ruedas, únicamente tiene un convertidor de torque o bajo para el tren trasero.

Si bien es cierto que las competencias sobre el manejo de la operación   de las pilas pública fueron transferidas a los entes territoriales a partir del 22 de febrero de 2022 por parte de Minvivienda, está situación se ha vuelto critica desde octubre de 2021 en el caso específico de Manaure y el Distrito de Riohacha.  Los módulos de Casa Azul y Romonero no están en funcionamiento y la pila publica de Wimpeshi recientemente duro 18 días sin operar.

En el terreno se ha constado que no es cierto lo afirmado por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, en torno de las intervenciones en La Guajira. Afirmó que en el marco de Guajira Azul, contemplan cobertura a toda la población sin exclusión, por etnia, género o edad, y todos son partícipes de los procesos de socialización y concertación). Sin embargo, las comunidades perciben que el programa tiene coberturas de bajo impacto y mantiene conductas excluyentes con aquellas que no la comparten como oferta única en la implementación de la Sentencia.

Fuente: Veeduría a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017