Asoagua: anatomía de un fraude

Por Nicolás Sánchez Arévalo

Especial para Diario del Norte

La vida de los campesinos de la vereda Mapurito, en Barrancas, iba a mejorar con la construcción del acueducto veredal. Con esa obra ya no tendrían que ir cada mañana hasta el río para abastecerse de agua. Pero la Alcaldía y  Asoagua les incumplieron.

Fue tal la desilusión que, según cuenta Leonardo Gómez, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de Mapurito, ellos no querían recibir la obra. “Es una cosa muy pequeña, para el dinero que se invirtió. Fue un fraude”, enfatizó el líder. Los constructores les dijeron que no había más plata y que tenían que recibirla. Se resignaron. Hoy, cada tanto, se presentan conflictos entre vecinos porque no llega suficiente agua para la comunidad y deben competir por ella; una paradoja en una vereda bañada por tres ríos y enclavada en la exuberante Serranía del Perijá.

Por la construcción de esa obra, que se remonta a 2009, hay un proceso penal abierto en un juzgado de San Juan del César. Cuesta fue acusado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la Alcaldía de Barrancas. Al contrato se le hicieron dos adiciones, una el 28 de octubre de 2009 y otra el 29 de junio de 2011, para un total de 2.691 millones de pesos. Aunque en el contrato original la obra debía entregarse a mediados de 2009, en febrero 2012 solo se había ejecutado el 54 por ciento.

Finalmente, el acueducto fue terminado, pero al poco tiempo dejó de funcionar debido a que la fuente de abastecimiento de agua se secó. En el escrito de acusación que conoció Consonante, la Fiscalía señaló que hubo un detrimento patrimonial por más de 527 millones de pesos y que no se aplicó el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico. “La gente se quedó esperando el gran acueducto. Sí hay, pero el agua es muy poquita, hay partes donde no llega porque no tiene fuerza”, contó Gómez.

La Fiscalía señaló que la empresa contratista no contaba con la capacidad para asumir el contrato. “Por labores de Policía Judicial se pudo determinar que la asociación de municipios Asoagua no posee actualmente (septiembre de 2016), ni poseía para la fecha del contrato (2009) una infraestructura técnica, administrativa y financiera que de manera razonable permita inferir o garantizar la adecuada ejecución del proyecto”. Por eso, además del exdirector ejecutivo de Asoagua, Silvio Cuesta, fueron acusados el exalcalde de Barrancas Juan Carlos León Solano y los interventores de la obra, Wilmer Junior Gómez Brito y Héctor Mario Jiménez Ibarra.

Pero este no fue el único contrato ejecutado a medias por Asoagua. En 2013, el alcalde de Hatonuevo, Reyner Leonardo Palmezano, contrató a la asociación para pavimentar algunas vías. El proyecto costó 10.359 millones de pesos. Según se infiere de la información consignada en el Secop, este fue el contrato de Asoagua más costoso. Las obras terminaron el 3 de junio de 2014. Sin embargo, la interventoría encontró que el pavimento tenía grietas. El 22 de abril de 2015, Palmezano declaró el incumplimiento del contrato por parte de Asoagua. “Es claro para la administración, a partir de los informes de interventoría, que existen fallas constructivas que ponen en riesgo la calidad de la obra ejecutada”, se lee en la resolución.

También en Hatonuevo, Asoagua suscribió un convenio interadministrativo  con la alcaldesa Oralis Conrado Iguarán por 1 282 millones de pesos, el 10 de junio de 2008, para la ejecución de unas obras de mantenimiento y construcción de espacios de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. En 2008, la Fiscalía abrió una investigación porque Conrado habría celebrado ese contrato sin la autorización del Concejo municipal, requisito establecido por ley.

El vínculo entre Silvio Cuesta y Nueva Guajira

Silvio Esnobis Cuesta permaneció 12 años en el cargo de director ejecutivo de Asoagua. Sus nexos políticos permitieron que se mantuviera en el cargo durante tres períodos, pues poco tiempo antes del fin de cada término electoral se celebró una asamblea en la que los alcaldes salientes lo eligieron de nuevo como director ejecutivo. De esta manera, cada vez que se posesionaron nuevos mandatarios Cuesta ya había sido ratificado en el cargo.

Cuesta hacía parte del grupo político Nueva Guajira, cuyos líderes nacionales son el excongresista Bladimiro Cuello Daza y el exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier. Este último enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en una adición a un contrato para el manejo de aguas residuales en Riohacha, firmada cuando él era gobernador.

Cuesta tiene casa por cárcel, pues está sindicado de los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público, por un proceso de contratación con la Alcaldía de El Carmen de Bolívar en 2014. Asoagua, en cabeza de Cuesta, fue el primer contratista del acueducto de Caracolí, obra en la que presuntamente hubo un detrimento patrimonial. La Fiscalía estableció que el terreno donde se levantó la obra no tenía escritura pública ni licencia de construcción. En 2015, solo se había ejecutado el 20 por ciento de la obra, cuyo contrato había ascendido a 2.240 millones de pesos. Además, según explicó la entidad a Consonante, Cuesta es investigado en otros tres procesos penales.

De otro lado, la Contraloría General confirmó que hay tres procesos fiscales abiertos contra Cuesta y otros tres contra Asoagua. Aunque funcionarios de la entidad se negaron a dar más detalles, porque las investigaciones están en curso, precisaron que las indagaciones corresponden a seis contratos: dos con Hatonuevo, uno con Uribia, uno con Barrancas, uno con Maicao (todos, municipios de La Guajira) y uno con la empresa Aguas del Cesar. Además, sobre Cuesta pesan dos inhabilidades para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos.

Hasta ahora no se ha dado la liquidación de la asociación, pero tampoco está operando, pues su matrícula en la Cámara de Comercio no se renueva desde 2019. En un momento en que otros políticos intentan emular la figura de la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira, pues en  julio del año pasado los alcaldes de El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar firmaron un acta de constitución para crear otro esquema parecido, las autoridades deberían descifrar el alcance que tuvo este ‘pulpo’ de la contratación.

Mientras tanto, las familias de Fonseca, decenas de habitantes de Barrancas y Hatonuevo esperan algún día recibir viviendas dignas y servicio de agua potable en sus hogares. Pero estas no han sido las únicas comunidades afectadas por Asoagua.

*Óscar Aponte contribuyó a la sistematización de datos para este artículo.