Defensor del Pueblo envió advertencia para avanzar en soluciones por altas tarifas de energía en el Caribe

La Defensoría del Pueblo envió un documento de advertencia, con el ánimo de aportar desde el enfoque de derechos humanos, propuestas de soluciones orientadas a superar la problemática social y económica surgida por el incremento desmesurado en las tarifas de energía en siete departamentos de la región Caribe.

El documento fue enviado a los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como al Senado y la Cámara de Representantes. También a las Gobernaciones de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira y a las empresas Air-e, Caribemar de la Costa y Afinia, encargadas de prestar el servicio de energía en esta región.

“Hemos enviado ocho recomendaciones para que las diferentes autoridades estudien y prioricen soluciones que permitan reducir las altas tarifas de energía en la región Caribe y que afectan principalmente a las personas de escasos recursos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En otra de las recomendaciones impresas en el documento de advertencia, la Defensoría solicita al Gobierno priorizar estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y de esta manera, exista una política pública que permita cambios estructurales para dar una solución definitiva a las excesivas tarifas del servicio de energía.

Como una medida de corto plazo y de manera temporal, mientras se resuelve el tema de las tarifas, desde la Defensoría del Pueblo se propone al Ministerio de Minas y Energía aumentar el techo del consumo básico de subsistencia, que pasaría de 173 kWh a 200 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que significaría aproximadamente un alivio del 15% para los hogares más vulnerables.

“Atendiendo los reclamos de las comunidades de la región también le solicitamos a las empresas Air-e, Caribemar y Afinia, que en su actividad empresarial mantengan la protección, respeto y dignificación de los usuarios para garantizar los derechos fundamentales”, resaltó Carlos Camargo.

“Con las recomendaciones y los requerimientos a las entidades competentes, estamos respondiendo a las quejas que presentaron las comunidades, solicitando apoyo en defensa de sus derechos, razón por la cual esperamos que estas contribuyan a una solución definitiva de la problemática», puntualizó el Defensor del Pueblo.