Defensoría del Pueblo ha identificado 108 casos de ocupación indebida o invasiones de tierras

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que en el monitoreo que la entidad ha venido efectuando al fenómeno de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país, hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto.

“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, dijo el Defensor del Pueblo.

“Ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, subrayó.

No obstante, hay ciertas particularidades regionales. Por ejemplo, en los departamentos de Guainía, Huila y la región del Urabá, el fenómeno está asociado a demandas de las comunidades para acceder a tierra para la construcción de vivienda propia, debido al déficit habitacional que presentan estas regiones. En esta última zona se presentan casos de ocupaciones vinculadas a procesos de restitución de tierras.

Durante la instalación del primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, Carlos Camargo recalcó la importancia del diálogo directo con las comunidades para buscar salidas muy rápidas a esta conflictividad.

“Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social”, dijo.

Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente.

El Defensor sostuvo que “de los 108 casos identificados, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”

Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.