El control social

Comencemos por donde debemos comenzar cuando se trata del poder ciudadano, es decir, arranquemos con lo que dice nuestra Carta Magna en su artículo 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

Más claro no puede ser. Y no lo está diciendo ningún político en trance de ser candidato a cualquier cosa. Lo señala taxativamente nuestra Constitución Nacional y ella nos ampara a todos los ciudadanos que estamos pisando el territorio colombiano.
La Constitución Nacional nos arropa y nos estimula a todos para que tomemos conciencia y nos animemos a participar en el control social que nos garantice una gobernanza real, efectiva, seria y equitativa.
Pero, como siempre, ahí está el bendito pero, que se levanta como una muralla cada vez que se requiere que los ciudadanos se incorporen a iniciativas que conllevan al control social hacia los gobernantes. Lo que pasa es que nuestros conciudadanos muy pocos conocen la Constitución Nacional; algunos ni saben que existe; otros saben que existe, pero nunca la han leído y los que la han leído, no han logrado entenderla a profundidad. Y eso es la gran alegría, felicidad y tranquilidad de los gobernantes, que sus gobernados ignoren que el Estado les está dando herramientas legales para defenderse de la corrupción y de los atropellos, pero, no hay formas de aprovecharlas.
Sin embargo, no hay que tirar la toalla y así estamos ante una de las principales funciones pedagógicas del periodismo, como lo es divulgar, promocionar, poner en conocimiento y estimular a los ciudadanos a que conozcan sus derechos y sus deberes y se apropien de las herramientas necesarias para –en este caso– hacer de Riohacha un verdadero Distrito Especial Turístico y Cultural como se lo merece.
Y en esta línea de control social nos topamos con las Veedurías Ciudadanas reglamentadas por la Ley 850 del 2003. Esta norma nos dice claramente que por Veeduría Ciudadana debemos entender que son “un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.
Allí está la cena servida. Hay que informarse, hay que leer, impulsar y fortalecer la cultura de la lectura de los documentos legales que favorecen los desarrollos comunitarios y en esta cruzada todos debemos comprometernos, sentir como nuestros los intereses de Riohacha y los intereses de las nuevas generaciones que heredarán este pedazo de tierra tan querido.