Cruzada por el agua

La visita de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, al departamento de La Guajira para dialogar con diferentes actores para avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, deja bien claro su interés en trabajar de manera concertada para que los niños y niñas wayuú puedan acceder al agua potable.

Ese dialogo personal de la ministra con los funcionarios públicos, pero también con la Junta Mayor de Palabreros, con lideres sociales, y con las mujeres que administran las pilas públicas que están funcionando dan muestra de su talante para construir de manera colectiva y constructiva.
Y de eso se trata precisamente, de mejorar los sistemas que actualmente brindan agua a las comunidades wayuú para lograr su sostenibilidad en el tiempo, y lo nuevo que se implemente, que tenga en cuenta las recomendaciones de quienes ya tienen experiencia en esos temas.
No será fácil llevar agua a todas las comunidades wayuú por la forma dispersa en que habitan en el extenso territorio del norte de La Guajira, pero muy posiblemente se puede mejorar para llegar a más familias, a quienes también se les debe informar de la necesidad de cuidar el preciado líquido.
La forma de garantizar agua a las comunidades ubicadas cerca a las costas es a través de plantas desalinizadores, y a las otras con pozos profundos acompañados de modernos sistemas para garantizar su pureza, alternativas que se han venido trabajando, pero es necesario garantizar su sostenibilidad.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado todo su interés en empezar a dar cumplimiento a la Sentencia, y por eso confía en el trabajo de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien de manera diligente ha escuchado a todos los actores para construir esa hoja de ruta necesaria para proteger a los menores y evitar que sigan muriendo por desnutrición.
Es necesario, entonces, trabajar unidos en esa cruzada por el agua, entender que prima la vida de los menores, independientemente de diferencias políticas y personales, pues se está en un momento crucial respecto del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que después de cinco años sus avances no son significativos.