Defensoría alista proyecto de ley para enfrentar crisis en los centros de detención transitoria

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno nacional, las autoridades municipales y departamentales, y el sector privado, para enfrentar la crisis de hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria ubicados en las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

En la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizan soluciones frente al hacinamiento carcelario, Carlos Camargo advirtió sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos.
Allí insistió en la necesidad de reubicar a las personas privadas de la libertad que permanecen detenidas en las URI y estaciones de Policía del país, que conlleva situaciones como la muerte de una de las personas que permanecía detenida en la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Puente Aranda en Bogotá después de no ser trasladado a un establecimiento penitenciario del Inpec.
“El elevado nivel de hacinamiento que persiste al interior de estos centros de detención transitoria constituye la raíz de todas las vulneraciones a los derechos humanos”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Las URI y las estaciones de Policía de todo el país afrontan un hacinamiento que asciende al 171%, con una población de 23.826 detenidos, pese a la existencia de tan solo 8.200 cupos para albergar a personas privadas de la libertad.
“En total, la sobrepoblación en estos centros de detención supera las 14.000 personas, por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves de vulneraciones a los derechos humanos como el que evidenciamos en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, en donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000%, sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud”, aseguró el defensor del Pueblo.
“En esta tarea,  junto a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) estamos preparando un proyecto de ley que planteará una solución a la crisis carcelaria”, agregó Carlos Camargo.
“Buscamos que se haga una distribución ajustada a las competencias para que tanto a nivel nacional como departamental y municipal se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de los privadas de la libertad y se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto a derechos”, finalizó el defensor del Pueblo.