Fiscalía mueve entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia

El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia.

En algo más de 11 meses de verificaciones y análisis, el equipo de fiscales e investigadores revisó con detalle varias de las actuaciones judiciales hechas y los elementos obtenidos, y encontraron mérito suficiente para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas.

En ese sentido, la Fiscalía radicará solicitudes de imputación contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación.

Direccionamiento en la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol II

Ante un juez de control de garantías serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

El exfuncionario suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.

La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales.  Para la Fiscalía, Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo y su función para favorecer a la citada concesionaria.

Maniobras en la banca internacional para recuperar dineros destinados a la coima del contrato de adjudicación

La Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.

En la investigación se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato.

La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del Inco el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.

Investigación contra fiscal delegado ante tribunal

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputará los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo al fiscal delegado ante tribunal de distrito, Daniel Ricardo Hernández Martínez.

El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.

El fiscal Hernández Martínez, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones para que se hicieran efectivas.

Adicionalmente, se conoció que tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia.

De otra parte, el pasado 22 de junio, Daniel Ricardo Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odobrecht.