Tribunal del Atlántico admite acción popular presentada por personeros contra las tarifas de la empresa Air-e

El personero de Riohacha, Yeison Deluque Guerra, informó que fue admitida la acción popular presentada por él y sus homólogos de Barranquilla y Santa Marta contra el Gobierno Nacional, Ministerio de Minas y  la Creg, para suspender el alza en las tarifas de la empresa Air-e, los componentes, entre otros ítems.

La acción fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral ‘C’.

“Admitir la acción popular interpuesta por los señores Edwar Fernando Orozco Oñate, Miguel Ángel Álzate Salcedo, y, Yeison David Deluque Guerra, contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, y, la Comisión de Regulación de Energía y Gas”, resuelve el Tribunal  del Atlántico.

Cabe indicar que las pretensiones de la acción popular son:

“Amparar los derechos colectivos previstos en los literales j) y n) de la Ley 472 de 1998, a saber: “(…) j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; (…) n) Los derechos de los consumidores y usuarios. En favor de los consumidores del servicio público de energía del Distrito de Santa Marta, de Barranquilla y la Región Caribe, y como consecuencia de lo anterior: ordenar la suspensión de la formula tarifaria que se fijó en la Resolución Creg 010 de 2020 (como la 78 de 2021) y/o en cualquier acto administrativo expedido por la Creg a fin de amparar los derechos de los consumidores del servicio público de energía del Distrito de Santa Marta, Barranquilla, Riohacha y la Región Caribe, y que, al protegerse dicho derecho, las tarifas de energía sean estables y asequibles, en especial los usuarios en la Costa Caribe.

De tal forma que se ordene a las entidades accionadas procedan a: la revisión y análisis de los impactos sobre la modificación de los indexadores en la fórmula tarifaria en la Costa Atlántica, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento, y en el caso de que tal sea la conclusión, se establezca y definan los indexadores más adecuados de reemplazo para reflejar el incremento de valor de los costos de la prestación del servicio en el tiempo, considerando el próximo periodo tarifario de alguna de las actividades”.

Finalmente entre las pretensiones de la acción popular está la “revisión integral de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios en la Costa Atlántica, tales como los de pérdidas y restricciones”.

Lo anterior, considerando las particularidades del Caribe y los periodos regulatorios respectivos, de tal forma que se establezca una nueva fórmula para calcular las tarifas del servicio eléctrico desligando el IPP (Índice de Precios al Productor) en cada uno de sus componentes regulados e indexar al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De igual forma, discutir y revisar la propuesta que ha surgido en diferentes escenarios sobre estructurar un fondo de estabilización que permita mitigar impactos de incrementos tarifarios a los usuarios a futuro, definiendo con claridad el alcance, mecanismo de aplicación y de financiación.

Personero de Riohacha, Yeison Deluque Guerra.