La Fiscalía 251 delegada ante los jueces Penales del Circuito Especializados, determinó vincular como tercero civilmente responsable a Drummond, por el asesinato de dos líderes sindicales y empleados de la mina ocurridos el 12 de marzo de 2001 en el departamento del Cesar.
Se trata de los homicidios de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) en hechos ocurridos en la vereda Casa de Zinc, jurisdicción de Valledupar.
Esa misma Fiscalía había admitido a Sintramienergética como parte civil el pasado mes de agosto de 2022, en el proceso que se adelanta contra empleados y directivos de la multinacional por actos de violencia antisindical. Las víctimas, desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), han buscado el reconocimiento en los procesos que se adelantan, así como solicitaron desde hace casi un año que la JEP los reconozca como víctima en los casos de dos terceros responsables del homicidio de dos de sus líderes.
Las víctimas se desplazaban en un bus dispuesto por el contratista, que fue interceptado por integrantes del Bloque Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes los bajaron del vehículo y posteriormente los ultimaron a bala.
Por estos hechos la fiscal Diana Mercedes Salazar determinó “vincular como tercero civilmente responsable a Drummond Ltd., a través de su representante legal, en Colombia, a quien, se le notificará esta decisión y las que se profirieran, en el marco de este asunto, en los términos de la sentencia C-1075/02”.
En la decisión proferida por el ente investigador, admite la demanda de parte civil que interpusieron los familiares de las víctimas, por los daños y perjuicios que tuvieron que padecer tras 21 años de ejecutado el crimen.
Entre tanto, el texto añadió que el pasado 7 de octubre de 2019 ordenaron la compulsa de copias para investigar a los directivos de la multinacional, por al parecer financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos del frente paramilitar, entre 1996 y 2001 en el departamento del Cesar y en los municipios donde se instalaron las minas de empresas carboníferas.
Entre las funciones que tenía el Bloque Juan Andrés Álvarez era “repeler las acciones atentatorias contra su infraestructura y empleados, frente a otras estructuras al margen de la ley que, para la época, hacían presencia en la zona, tales como, las Farc y el ELN”.
El pasado 16 de noviembre, la CCJ había solicitado celeridad en el proceso penal en la Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, contra el presidente de la compañía entre 1989 y 2013, Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, quien fue vicepresidente entre 2000 y 2006, estaba estancado. Aseguran que lleva más de dos años sin haber sido resuelto.
La defensa y las víctimas esperan que con la apertura del caso 8 de la JEP sobre agentes del Estado y terceros civiles responsables acelere las investigaciones en contra de la multinacional. Así mismo, esperan que puedan ser reconocidos como víctimas en los procesos para acceder a justicia y verdad, como parte de los que denuncian como una persecución contra los representantes sindicales en Cesar y Magdalena que, aseguran, fue financiado por la minera norteamericana Drummond.