El pasado 21 de noviembre en la ciudad de Bogotá se adelantó la IX sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira, esto de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 del decreto 100 del 28 de enero del 2020 “por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira”.
La reunión tenía como en la agenda la reactivación del proceso de consulta, y la revisión de la oferta institucional por parte de las entidades accionadas en la Sentencia T-302 de 2017 y darle una mirada al territorio para entender los principales cuellos de botella que se están presentando para evitar que más niños sigan muriendo por enfermedades asociadas a la desnutrición.
El consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, daba inicio haciendo un resumen de lo que ordena la Sentencia T-302 del 2017 y recordó, que en Colombia no se debería necesitar un documento jurídico para el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio; de manera adicional, se reiteró la importancia de la puesta en marcha del plan provisional de acción que fue entregado a la Corte Constitucional el pasado 27 de octubre por parte del gobierno y que se espera se dé una revisión al documento, un ajuste y las modificaciones necesarias para poner en marcha y funcionamiento los programas necesarios para cumplir lo ordenado en el Auto 696 del 2022 mientras se construye el plan de acción que ordena la Sentencia.
Por su parte el director de consulta previa, Álvaro Echeverry Londoño recordaba que el gobierno y las comunidades tienen pendiente una reunión planeada en la Alta Guajira, puntualmente en Nazareth que debió ser suspendida por lluvias y que fue agendada para el próximo 5 y 6 de diciembre, a la que deben asistir los representantes de los ministerios de Agricultura, DPS, vivienda, transporte, ICBF y Ministerio del interior, para adelantar el trabajo pendiente en el territorio. También, hizo hincapié en el cumplimiento de 22reuniones de sesión técnica con el pueblo wayuú y 8 reuniones ministeriales en aras de la construcción del plan de acción para dar cumplimiento a la Sentencia T- 302 de 2017. De igual manera el ministerio recordó la necesidad de crear una línea para el registro de comunidades y autoridades del pueblo wayuú.
Frente al trabajo presentado por la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, durante estos 3 meses de gobierno, hizo énfasis en la recuperación del tiempo perdido y la reactivación de la agricultura productiva, que sin lugar a dudas, debe ir más allá de dar semillas de cilantro para plantar en un tarrito, sino que debe impactar a la población con la generación de alimentos y el impulso a los agricultores, para que sean capaces de producir alimentos no solo para suplir las necesidades de las comunidades, sino que a su vez, logren abastecer de alimentos los programas que funcionan en el departamento y que no cumplen con la tradición y las costumbres de la población que se atiende. Pero para esto, aparte de tener la estructuración de un plan de seguridad alimentaria y nutricional con un presupuesto cercano a los $ 1.500.060 millones, se debe contar con la rehabilitación de los pozos y todo el trabajo articulado del gobierno, que les permita a los agricultores la efectividad de los modelos agrarios, la sostenibilidad y la comercialización justa de los productos, para la cual la ministra solicito articular acciones con la ministra de Vivienda Ciudad y territorio. Igualmente, con las alcaldías, gobernación y la misma población wayuú, para lograr rehabilitar y poner en funcionamiento las soluciones de agua que se encuentran fuera de servicio y garantizar no solo agua para el consumo, sino para el riego de los cultivos.
Tal vez una de las intervenciones más acertadas en este espacio de trabajo la tuvo el viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien reconoció que la desnutrición en la región de La Guajira no está cediendo ni disminuyendo, sino que, por el contrario, va a terminar el año con unas cifras muy por encima de las registradas en el 2021. Para esto, el ministerio ha venido trabajando en varias medidas estructurales que permitan el impacto real a los indicadores y el trabajo de recuperación de los niños que presentan algún tipo de riesgo de desnutrición.
Urrego afirma que se comenzó a trabajar en un plan estructurado con 2 componentes fundamentales i) 24 equipos extramurales trabajando permanentemente en el territorio para la detección, búsqueda y recuperación de niños y niñas que estén con riesgo nutricional ii) La conformación de 69 equipos adicionales que estarían recorriendo los 4 municipios sentenciados y que estarán de manera permanente durante 2 años realizando esta labor de búsqueda y recuperación. De igual manera se plantea la necesidad de tener un gestor de salud comunitario, por cada 60 comunidades, que les permita detectar de manera temprana a los niños con riesgo y así poder activar las rutas para la atención integral. Según el viceministro, los recursos existen, la población está afiliada, pero el modelo de atención no funciona y es importante realizar cambios estructurales para que sea un modelo acorde a las necesidades del pueblo wayuú.
Frente a lo expuesto por los alcaldes de Maicao y Uribia, coinciden en decir que los recursos que les llegan a los municipios son insuficientes para la atención de la población que se ha duplicado con el proceso migratorio y el retorno de los wayuú que vivían en Venezuela y aunque tienen planes y obras, no tienen la capacidad de mantener una infraestructura como lo el Guajira Azul o la recuperación de los pozos y que el problema de dispersión de la población no permite la sostenibilidad de los proyectos.
Una de las afirmaciones más contundentes durante esta reunión y que hace énfasis en el trabajo que se ha propuesto este gobierno, es el cambio real que se debe lograr, no solo en La Guajira, sino en todo el territorio de Colombia que debe ser la bandera del trabajo de todas las entidades nacionales y territoriales, frente a lo propuesto por el presidente Petro, de lo contrario sería un fracaso desde todo punto de vista.
Finalmente, y frente a los expuesto por el Icbf, con sus mismas cifras y programas fallidos, el grupo de la veeduría ciudadana afirmó que las entidades requieren cambios de fondo, no se puede seguir con programas que han demostrado el fracaso y que han perpetuado la desnutrición, tampoco se puede seguir aplaudiendo las parcelas demostrativas de 1 hectárea para comunidades que tienen 70 u 80 familias. Se debe generar impacto real para que los niños dejen de morir. La culpa de la muerte de los niños no se le puede atribuir a los wayuú cuando en un territorio se perpetúa el Estado de cosas Inconstitucionales.
Un pueblo que no ha sido escuchado es normal que tenga diferencias y frente a esas diferencias es sano abrir la participación. Existe también la necesidad de la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento, ordenado en la Sentencia que permita la vigilancia de los avances de la misma y la creación de una gerencia que lidere el proceso de unificación de la oferta institucional y los procesos que sean requeridos para la superación del ECI.
Se debe entender que dentro del cumplimiento de la Sentencia el pueblo wayuú es actor y no invitado y por lo tanto debe estar presente de manera obligatoria en todas las reuniones que busque la construcción del plan provisional o el plan de acción definitivo que garantice el cumplimiento de los derechos en la península. De igual manera Los gobiernos deben actuar como los sentenciados y propiciar los planes necesarios dentro del territorio para aunar capacidades al cumplimiento de la Sentencia.
Frente a las entidades de control y supervisión es necesario i) que presenten un plan de trabajo en aras de la vigilancia y control en el territorio. ii) no basta con prender alertas, es necesario mostrar los resultados de los procesos que la fiscalía abrió y dar a conocer las sanciones al respecto iii) debe existir un trabajo junto a las comunidades en la construcción de los proyectos y la vigilancia del cumplimiento y ejecución de las políticas públicas encaminadas a la superación del ECI.
Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.