El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú le respondió a los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina que en un comunicado conjunto, habían rechazado lo ocurrido con el ahora expresidente Pedro Castillo, destituido y detenido luego de un supuesto autogolpe de Estado.
Las cuatro naciones, se pronunciaron respecto a la situación del país vecino, considerando que Castillo ha sido «víctima de un antidemocrático hostigamiento… Es objeto de un tratamiento judicial violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, señala el comunicado del bloque de países que aún reconocen a Castillo.
En su octavo día de mandato, el Gobierno de Perú en manos de Dina Boluarte, manifestó su rechazo al pronunciamiento de las cuatro naciones que respaldan al detenido expresidente.
“Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”, aclaró la Cancillería peruana.
Y en respuesta al trato que se le da a Castillo replicó la Cancillería del Perú que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a las decisiones que, hasta ahora, han tomado las instituciones de ese país y señaló que el nuevo gobierno está siendo garante del cumplimiento de la Constitución y los derechos humanos.
“El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”, puntualiza la Cancillería peruana en su comunicado.
La destitución de Castillo ha generado protestas en todo el territorio peruano que, hasta este 13 de diciembre, dejan siete muertos y decenas de vías bloqueadas.
La nueva presidenta de ese país, Dina Boluarte decretó el Estado de emergencia hasta por 60 días y acordó con el Congreso adelante las elecciones para el año 2024, pese a que su mandato constitucional va hasta 2026.