Una convulsión social se vive en Perú desde el pasado 7 de diciembre, por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo quien pagará 18 meses de prisión como lo había pedido la Fiscalía, mientras se le investiga por rebelión y conspiración tras su autogolpe de Estado.
Las manifestaciones se registran en varias regiones del país, donde de los 18 fallecidos, 12 murieron en enfrentamientos con la fuerza pública y seis a causa de los bloqueos.
Miles de personas continúan marchando en las calles, cinco aeropuertos se mantienen cerrados: los de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho.
El gobierno de Dina Boluarte, la exvicepresidenta ascendida al poder, declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
«Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría tras las muertes en Ayacucho. La Defensoría también reportó 340 heridos hasta el momento.
Entretanto el Congreso le negó a la presidenta Boluarte convocar a elecciones en diciembre de 2023. Contemplan que se realicen en 2026.
Los simpatizantes de Castillo piden su libertad inmediata, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales.
Más de un centenar de rutas están bloqueadas. El tren a Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman «terroristas».