La Unidad de Restitución de Tierras lideró el proceso de caracterización y presentación de dos demandas, con las que, en primer lugar, fue confirmada la vulneración de los derechos territoriales de 293 familias que integran el Resguardo Indígena de Zahino del pueblo wayuú, ubicado en el corregimiento de Pozo Hondo en Barrancas.
La petición, con la que se busca recuperar 1.298 hectáreas para 699 familias que integran de la comunidad Santa Rosa de Majayura y el Resguardo Zahino, ambos pueblos wayuú, fue presentada por el área de asuntos étnicos de la Dirección Territorial Cesar- Guajira.
En un trabajo coordinado y articulado con la Comunidad Santa Rosa de Majayura se presentó la segunda demanda, con la que se pretende garantizar la implementación de un enfoque diferencial étnico y la participación de las 406 familias asentadas en el corregimiento La Majayura en Maicao.
Dentro de las afectaciones del resguardo Zahino se encuentran desplazamiento forzado, despojos, asesinatos selectivos, confinamiento y amenazas. Uno de los hechos que guardan en su memoria colectiva, fue la incursión realizada por parte de las AUC en el año de 2003, dado que el temor y la zozobra se apoderaron de todos los miembros de las comunidades, obligando a muchos de ellos a desplazarse.
Por lo anterior, representantes del resguardo en mención, presentaron el 26 de junio de 2020 una solicitud para que se les restituyan derechos territoriales. Luego, la URT elaboró el estudio preliminar el 15 de diciembre de 2020, siendo focalizado este para dar inicio al proceso de caracterización el 25 de febrero de 2022. Y como resultado de lo anterior, fue radicada la demanda el 16 de diciembre de 2022, la cual va encaminada al restablecimiento de los derechos territoriales. Por reparto, le correspondió al Juzgado Segundo Civil – Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar.
En cuanto a la Comunidad de Santa Rosa de Majayura, su principal afectación fue el desplazamiento ocasionado por grupos armados ilegales, que conllevó al éxodo de esta comunidad hacía Venezuela. Dentro de esos hechos de violencia se registró la quema de casas, además de homicidios selectivos dentro de la comunidad.
Los casos
Sobre el caso de Santa Rosa de la Majayura, se trata de un territorio no formalizado que pretende inicialmente que se pueda formalizar como resguardo indígena.
Se conoció que por la inseguridad jurídica en la que se encuentra ha sido víctima de despojo de su territorio ancestral por terceras personas.
Es importante recordar, que en esa comunidad se presentó un desplazamiento masivo causa de los hechos victimizantes en un primer momento ocasionados por el Frente 59 de las Farc, y también por el Frente Contra Insurgencia wayuú, con graves afectaciones como el confinamiento, desplazamiento, limitación al uso y goce del territorio.
Por lo tanto, esas comunidades esperan que se les pueda restablecer todos sus derechos territoriales.
En lo que tiene que ver con el resguardo El Zahino, se encuentra ubicado en el corregimiento de Pozo Hondo en el municipio de Barrancas, y es un territorio formalizado por el extinto Incoder.
Cabe resaltar que a pesar de ser un territorio formalizado, no estuvo exento de todos los hechos victimizantes que vivió por presencia de grupos al margen de la ley.
Inicialmente fue por la presencia del EPL, posteriormente el ELN, luego las AUC quienes fueron los mayores actores armados que ocasionaron mucho debilitamiento en el gobierno propio porque ejercieron dominio territorial dentro de las comunidades.
Esos grupos prohibieron las reuniones, incursionaban por las noches en las comunidades, saqueaban las casas, robaban elementos de valor y reclutaban menores de edad.
Uno de los hechos que más guarda memoria colectiva la comunidad, fue el asesinato de uno de sus miembros en el 2003.
Cabe destacar que una de las pretensiones de la comunidad es que se agilice un poco el proceso de reparación colectiva que está en trámite y aun no avanza.
En ese sentido, los miembros del resguardo El Zaino, esperan no solamente como colectivo lograr la reparación para las víctimas, sino también a cada uno de los miembros de la comunidad que sufrieron hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.