El 2022 marcó un récord de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos

Durante el último año La Defensoría del Pueblo registró un total de 215 homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional, siendo el 2022 el año con el mayor número de casos desde el 2016, cuando el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.

“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En 2016 fueron asesinados 133, en 2017 la cifra llegó a 126, en 2018 el registro fue de 178, en 2019 fueron 134, para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales para sumar un total de Un total de 1.113 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2022.

Los líderes comunales fueron quienes se vieron más afectados, alcanzando un número elevado de asesinados (63), el segundo lugar lo obtuvieron los líderes indígenas con 47 asesinados, seguido de los comunitarios que alcanzó la cifra de 36 víctimas.

Por su parte los campesinos o líderes agrarios perdieron a 18 personas que trabajan por el bien de su comunidad, entre otros.

Los departamentos en los que ocurrieron más crímenes contra líderes ocurrieron en el 2022 son encabezados por Nariño con 35 casos, Cauca con 26, Antioquia (22), Putumayo (22), Valle del Cauca (12), Bolívar (11), Norte de Santander (9) y Chocó y Tolima con siete casos cada uno.

Justamente, coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado.

“Se esperaría que los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales, signifique también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”, concluyó el Defensor del Pueblo.