Durante 48 horas permanecieron bloqueadas las vías de acceso a La Guajira, por miembros de la comunidad wayuú quienes exigían al Gobierno nacional el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las comunidades indígenas de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de Riohacha.
La protesta dejó como resultado un documento de trece puntos, producto del trabajo de reconocidos líderes wayuú, que debe ser avalado por el presidente Gustavo Petro, para su implementación.
Se espera que los puntos del acuerdo se cumplan según el cronograma que se ha establecido, y que cada uno de los responsables asuma el rol que les corresponde para avanzar en su cometido.
En el documento, se destaca por ejemplo la designación de un equipo técnico permanente conformado por profesionales de diferentes áreas para el acompañamiento en la construcción de los programas, políticas públicas y planes de acción de las sentencias y medidas cautelares.
Como también, el diseño, construcción y socialización para la inclusión de un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo de los mecanismos para el cumplimiento del acumulado de sentencias y medidas cautelares.
Es un acuerdo ambicioso, liderado por el médico pediatra y exalcalde de Riohacha, Luis Gómez Pimienta, quien asume un reto nada fácil en donde estará demostrando todo el conocimiento que posee y el liderazgo necesario para mostrar unos primeros resultados alrededor inicialmente de la protección de los menores wayuú para que no sigan muriendo por desnutrición.
Se espera entonces que el Gobierno nacional apropie todos los recursos que sean necesarios, para el cumplimiento del acuerdo que permitió que los líderes indígenas levantaran el bloqueo de 48 horas en una justa reclamación para proteger a los menores.