Por el exterminio de más de 6.000 víctimas de la UP entre los años 80 y 90, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica y afirmó que fue responsable en la “violación del derecho a la vida”.
“El Tribunal recordó que la UP, se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional”, afirma la sentencia.
Igualmente afirma que, como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP.
De acuerdo los la Corte, los actos constituyeron a parte del plan de exterminio contra el partido político, “los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. A su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos”.
Por otro lado, la Corte encontró que se vulneró el derecho a la honra y dignidad de las declaraciones de los funcionarios públicos en contra de los militantes de la Unión Patriótica.
“El Estado, no solamente no previno ataques contra la reputación y la honra de las presuntas víctimas, sino que, a través de sus funcionarios, y en particular de sus altas autoridades, contribuyó y participó directamente en los mismos, agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y generando un factor para promover ataques en contra de estas”, afirmó la Corte IDH.
En el expediente, presentado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por sobrevivientes de la UP en diciembre de 1993, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad parcialmente, pues solo reconoció a 219 víctimas, entre las más de 6.000 de las que hablan los demandantes.
De acuerdo con lo leído por el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte IDH, en la audiencia, el tribunal internacional encontró a Colombia responsable de violaciones de los derechos a la vida, integridad, libertad, garantías judiciales y honra de las víctimas, entre otros derechos, por asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, entre otros delitos.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes», leyó el juez.
La Corte IDH, ordenó al Estado iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable, «las investigaciones amplias y sistemáticas, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones de los derechos humanos del presente caso y determinará las responsabilidades penales que pudieran existir, y removerá todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso».
Al igual que, poner en marcha una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas y hacer una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce; brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo requieran.
También tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP, construir un monumento en memoria de las víctimas, colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas, y hacer un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP.
«El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica», añade el fallo.