La Procuraduría General de la Nación, mantiene las alertas sobre posibles afectaciones al uso de los recursos del SGP – ASB y a la continuidad y calidad del servicio de acueducto y alcantarillado del Distrito y su zona rural, por posibles falencias técnicas en la definición de las condiciones para su prestación, refiriéndose al proceso de licitación del nuevo operador.
En una comunicación enviada al alcalde del Distrito de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, el Ministerio Público, advierte que no se ha superado las alertas que dieron lugar a la solicitud de suspensión inmediata de la licitación 008 de 2022, luego de realizadas las mesas técnicas.
Dice el Ministerio, que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del Distrito de Riohacha.
Argumenta, que en efecto, para formular esas metas, el Distrito debía haber seguido tres pasos, de conformidad con lo previsto en los lineamientos del sector de agua potable y saneamiento básico vigentes: el primero consistía en haber identificado la situación actual del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo la vulnerabilidad y el riesgo de la infraestructura, la prestación y el acceso; el segundo en identificar las estrategias encaminadas a suplir las necesidades evidenciadas para, como tercer paso, definir las metas a cumplir y las inversiones a realizar.
Indican, que sin embargo, como de los documentos revisados no se puede ver con claridad que se hayan seguido los pasos uno y dos; el tercer paso, el de las metas a cumplir y las inversiones a realizar, presenta varias falencias, así:
Se mantiene la incertidumbre sobre las inversiones requeridas y las proyectadas, no hay coherencia en cuanto a los objetivos que se persiguen y las inversiones que deben realizarse para lograrlo y no se definen las condiciones de progresividad y gradualidad en un horizonte de 30 años.
Agotar los pasos uno y dos sugeridos por los lineamientos del sector vigentes, le permitiría al Distrito hacer explícita en el pliego la relación que existe entre las inversiones solicitadas y la meta que se pretende cumplir, señalando, puntualmente, aquellas que se persiguen en el corto, mediano y largo plazo.
También le permitiría corregir la falta de certeza en cuanto al número de usuarios reales y potenciales, las redes disponibles y su estado actual, para poder determinar con claridad la priorización de inversiones a realizar por parte del futuro operador. Esto, con el fin de dar respuestas concretas a la comunidad frente a las necesidades básicas insatisfechas y el mejoramiento de su calidad de vida.
En especial, dado que en el pliego se hace referencia a que la prestación de los servicios de agua y alcantarillado incluyen la zona rural, es indispensable que los pasos uno y dos se den para esta zona con el fin de que puedan establecerse los indicadores diferenciados y las inversiones a realizar en un área que alberga un porcentaje alto de población vulnerable
En el documento se indica también que establecer condiciones en el proceso de contratación, cuyo fundamento sea “el querer” de la administración, puede resultar violatorio de los principios de selección objetiva, participación y libre concurrencia; las condiciones establecidas por la entidad contratante deben obedecer a los estudios realizados por la misma en la etapa de planeación del proceso de contratación.