En cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), encabezado por su directora general Astrid Cáceres, en conjunto con entidades públicas del departamento y el municipio de La Guajira, llegaron al corregimiento de Siapana, en la Alta Guajira, con el objetivo de pedir perdón por las muertes de niños a causa de la desnutrición.
Durante la mañana del sábado 13 de mayo, el superintendente de salud, Ulahy Beltrán, y la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, se unieron a la directora del Icbf para escuchar a la comunidad local.
La directora del Instituto destacó la importancia de establecer un diálogo genuino con el pueblo wayuú para coordinar acciones que garanticen los derechos de la niñez.
«No vengo a salvar La Guajira, vengo a tejer un puente y a avanzar en un camino que deben recorrer juntos el pueblo Wayúu y el gobierno nacional. Estamos iniciando un proceso de reparación que nos corresponde construir entre todos», expresó Astrid Cáceres.
Asimismo, resaltó la necesidad de reconocer la cultura wayuú como parte integral de la identidad colombiana y subrayó que el gobierno está comprometido en ser cercano a las comunidades y “reconocer que esta cultura es nuestra cultura, que no es un Gobierno ajeno a ellos y que eso que ellos representan es parte de lo que somos en Colombia”, añadió Cáceres.
El Icbf también anunció su compromiso de trabajar en diversas áreas para superar las condiciones inconstitucionales en el departamento. Entre las medidas a implementar, se encuentra el aumento de la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, así como la mejora en la efectividad de los programas de atención alimentaria y la ampliación de su cobertura.
Además, buscará fortalecer las medidas inmediatas en materia de salud, formulando e implementando una política de salud específica para el departamento, con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la población.
También se comprometió a mejorar la movilidad de las comunidades wayuú que residen en zonas rurales dispersas, así como garantizar la transparencia en la asignación de beneficios y la selección de contratistas.
Por último, indicó que se establecerá la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y se buscará un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuú.
Este encuentro marca un importante paso en la búsqueda de soluciones para la problemática que ha afectado a la niñez wayuú en La Guajira.
