El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales –Dejusticia– solicitó al Tribunal Superior del Distrito de Riohacha, ordenar a las entidades que deben hacer cumplir la Sentencia T-302 de 2017, generar datos representativos y desagregados sobre los niveles de desnutrición en el departamento de La Guajira y sus municipios.
Para Dejusticia, en La Guajira no se ha superado el estado de cosas inconstitucional.
En el informe, la organización expuso dos dificultades que según su criterio han incidido en el cumplimiento de la sentencia, como la ausencia de procesos de sensibilización y educación constitucional entre las comunidades indígenas y la falta de participación efectiva en los escenarios de implementación.
Sobre el primer obstáculo señala que el Estado colombiano no ha garantizado a los indígenas de la Alta Guajira ejercicios públicos de información y pedagogía sobre sus derechos fundamentales.
Sobre el segundo obstáculo, alertan de la falta de medidas lingüísticas diferenciales en el marco de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la Sentencia; las dificultades de conectividad digital y terrestre en los territorios indígenas; la falta de participación de las autoridades legítimas wayuú en los escenarios de diálogo e interlocución para el cumplimiento de las órdenes; el déficit de articulación con los corregidores; la ausencia de escenarios de diálogo y concertación de las políticas a nivel territorial; y la necesidad de prever políticas alimentarias que garanticen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas a la autonomía y a la alimentación adecuada y saludable.
Solicitaron también al Tribunal, tener en cuenta los efectos del Covid-19 en la población wayuú durante el seguimiento a la implementación de la Sentencia.
Dejusticia, también solicitó al Tribunal que, en el marco del seguimiento a la implementación de la Sentencia, tenga en cuenta algunas consideraciones tales como:
1. Más datos, mejores decisiones: La necesidad de que las entidades encargadas generen datos representativos y desagregados sobre la desnutrición en La Guajira y sus municipios.
2. Participación de las comunidades:El desarrollo de ejercicios de implementación que garanticen la participación efectiva de las comunidades que habitan las zonas rurales dispersas de la Alta Guajira.
3. Información y pedagogía en derechos: Se debe fortalecer en las comunidades el conocimiento de los derechos fundamentales de esta sentencia y de los canales o medios para denunciar la vulneración a derechos.
4. Articulación con los corregidores:concertar los ejercicios de diálogo e implementación de la Sentencia con los corregidores de la Alta Guajira.
5. Seguridad y soberanía alimentaria:La generación de espacios de participación de las comunidades indígenas en el diseño y la puesta en marcha de políticas alimentarias que buscan beneficiarlos.
Se debe velar por el fortalecimiento de la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo wayuú y evitar que se entreguen donaciones de productos ultraprocesados con alto contenido en sodio, azúcares y grasas.