La llamada Asunción Temporal para los servicios de salud, educación y agua para La Guajira, no se puede calificar hasta el momento como la mejor salida del gobierno de Juan Manuel Santos, la cual estuvo basada en la crisis de gobernabilidad que se vivió en el Departamento y que a juicio del entonces presidente, estaban en riesgo los servicios fundamentales para la población, los cuales no se estaban prestando en condiciones de calidad. En aquel febrero de 2017 el Consejo de Política Económica y Social –Conpes– aprobó las medidas de choque que se pusieron en marcha y de inmediato suspendieron de un solo tajo el primer giro por más de 520.000 millones de pesos.
Concluida la intervención de salud, hoy podemos decir que tenemos un resultado desconocido. Por lo menos a nivel periodístico no conocimos ni conocemos lo que pudieron hacer los incógnitos personajes que envió el Gobierno nacional de los cuales sí podemos decir que no se relacionaban con los gobernantes de turno, mucho menos con los periodistas y menos con la población favorecida de su servicio.
Deducimos que fue por eso que no se hicieron inversiones antes de la llegada del Covid–19. Al final del proceso aparece Julio Sáenz, quien trató de remendar la inoperancia de sus antecesores, pero no le alcanzó el tiempo porque le correspondió la entrega al gobernador Nemesio Roys.
Para nadie es un secreto que los interventores de salud que fueron enviados por el Ministerio del ramo se convirtieron en personas inalcanzables en el departamento de La Guajira.
La Asunción de la Salud lo que le habría dejado a La Guajira sería una suspensión administrativa de las actividades del sector que tuvieron al frente unos incógnitos personajes que aparte de desconocer la gobernabilidad de los mandatarios de turno, hicieron y deshicieron con los recursos y hasta el momento no existe un balance que podamos conocer a favor o en contra del Departamento.
Igual ocurre con la Asunción Temporal de la Educación cuyos administradores nombrados por el Gobierno nacional están insertados en una burbuja de la cual desconocemos los medios de comunicación y por ende la sociedad, lo que vienen haciendo.
El gobernador Nemesio Roys con su Secretaría de Salud tienen la obligación de decirle a la comunidad cuáles fueron las compras que se hicieron con los recursos de la Nación mientras estuvo la intervención de salud. Los actuales funcionarios no deben callar y mucho menos acolitar cualquier circunstancia que para nosotros es considerada como grave porque no sabemos qué pudo haber pasado con los recursos de la salud en el tiempo que permaneció la intervención.