La Guajira, laboratorio jurídico del país

Los procesos jurídicos que se han desarrollado en La Guajira en contra de la elección de varios alcaldes y gobernadores, una vez se conocen los fallos, pareciera que se convirtieran en normas de derecho aplicables a otras situaciones que se presentan para servidores públicos de elección popular en el país.

En la medida en que las normas electorales van cambiando, de la misma forma se han producido jurisprudencias que han complementado el ordenamiento jurídico nacional y con ellas se han desprendido doctrinas que han servido de orientación en la argumentación jurídica de las demandas electorales.

En La Guajira se han adelantado procesos que con base a la norma del momento, han servido para orientar a los demandantes, demandados, abogados, jueces y magistrados para exigir y fallar en Derecho. Recordemos que San Juan del Cesar estuvo de moda con la suspensión y destitución de varios mandatarios locales por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira y otros que fueron fallados en el Consejo de Estado, respectivamente.

Lo mismo ocurrió en las primeras administraciones de Hatonuevo y seguidamente, la nulidad de la elección de Hernando Deluque  como gobernador de La Guajira, fallos que en su momento le sirvieron a la litis.

El fallo emitido por el Consejo de Estado y que deja sin piso jurídico la elección de Oneida Pinto Pérez  como gobernadora de La Guajira por la violación al régimen de inhabilidades ocurrido entre  la renuncia al cargo de alcaldesa de Albania y su candidatura a la Gobernación, sentó un precedente en el derecho electoral cuya sentencia es aplicada a nivel nacional y deja un antecedente que los alcaldes y gobernadores, no puedan renunciar para aspirar a otros cargos de elección popular previo cumplimiento del tiempo que le fue exigido a Oneida.

El fallo en contra de la suspendida mandataria departamental, coloquialmente se conoce como ley Oneida Pinto que ha servido para aplicar en  litigios similares.

Decimos que los procesos jurídicos de carácter electoral que se han adelantado en contra de nuestros aspirantes o elegidos, se han convertido en el laboratorio jurídico de las demandas electorales del país,  porque los fallos en contra de los guajiros han servido de experimento, análisis y aplicación para las demandas que se han presentado con hechos similares. Y no vamos tan lejos, lo que está ocurriendo en la actualidad con Juan José Robles Julio, alcalde de Manaure, se ha paseado por todas las acciones jurídicas, ha recorrido los diferentes juzgados y tribunales del Departamento y ha ido al Consejo del Estado; pero también se han aplicado todas las herramientas en su proceso de protección a  sus derechos fundamentales, al debido proceso, al derecho a ser elegido, al derecho a elegir, al derecho a participar en el ejercicio del poder político y al derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. En fin, esto es un laboratorio jurídico.