Esta semana se conmemora una de las fechas sin lugar a duda de las más importantes en el planeta, el Día Mundial del Agua. Un hito establecido por las Naciones Unidas que busca crear conciencia de la importancia de este líquido para nuestra pervivencia y que aquí, en el departamento de La Guajira, se ha convertido en la joya de la corona para aquel que desde el Gobierno la suministre potabilizada para todos, de manera permanente, de calidad y con sostenibilidad.
Invertir mucho y sostener poco, ha sido la cultura institucional del sector de agua potable y saneamiento básico en La Guajira, perpetuando el ciclo de invertir – construir – inaugurar – operar y no sostener, pareciendo que lo más importante son los contratos y no resolver las necesidades de agua en el mediano y largo plazo.
Después de invertir durante la pasada década cerca de US$ 70 millones, los avances del Plan Departamental de Agua Potable solo se notan en algunos centros urbanos de los municipios, iniciativas que no logran trascender a las zonas rurales étnicas y campesinas, indicando que el acceso al agua es un privilegio de pocos.
El derecho al agua se entiende como el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para su uso personal y doméstico. En el ordenamiento jurídico colombiano este derecho tiene el carácter de fundamental, toda vez que de este depende la vida de las personas.
El acceso al agua tiene una relación estrecha con el principio de dignidad humana establecido en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia. Por tanto, la importancia de este derecho impone al Estado la obligación de prestación del servicio público de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento de los fines sociales del mismo.
La jurisprudencia constitucional en conjunto con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la Observación General No. 15 del 2002, son unánimes al promover que los estados adopten acciones para que las personas puedan gozar del acceso al agua apta para el consumo, satisfaciendo necesidades básicas domiciliarias.
Es indudable que el agua cada vez más es un recurso escaso, por lo tanto, hay que protegerla como lo más preciado, y en el Departamento, las inversiones eficientes y eficaces en el suministro del agua parecen que no han seguido esta línea de acción. El 56.07% de la población rural dispersa consume el agua de pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno.
En la zona rural y campesina, lo que se presenta en Camarones no es el mejor referente de las inversiones realizadas, pero que sí muestra el panorama desalentador y el amargo rostro de lo que ha sido la cultura institucional, situación que llevó a que durante el 2017 el departamento de La Guajira fuera intervenida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, perdiendo así las competencias administrativas del sector, especialmente, en lo referente con las inversiones del Sistema General de Participaciones, proceso que se mantiene.