La coyuntura que atraviesa Colombia nos induce a elucubrar sobre las consecuencias que tendrá el implacable asedio e inédito control de un partido de gobierno sobre las diversas entidades constitutivas de la estructura institucional. Poco se ha expuesto sobre su impacto en el desarrollo económico y político. Esa problemática es asumida con desdén e indiferencia, los defensores del estado de cosas no perciben el impacto del anómalo discurrir en el mediano y largo plazo sobre el país como un todo y particularmente sobre la inmensa mayoría ciudadana, inclusive sobre quienes silenciosamente validan lo que sucede.
Paralelamente a esa reflexión y para acrecentar las preocupaciones, más recientemente aflora otro suceso retroalimentador debido al entrelazamiento existente entre instituciones políticas y económicas. El desenlace tormentoso de la fallida propuesta de Reforma Tributaria que aparejaba trascendentales implicaciones en las esferas económicas y sociales.
En su afamado libro ¿Porque fracasan las naciones? Acemoğlu y Robinson apelan a la historia para demostrar la determinación de las instituciones sobre el desarrollo de cada nación, discrepamos en la metodología y en algunas conclusiones, pero es indiscutible que la solidez institucional y el trasegar del Estado de Derecho son factores clave para el desarrollo económico. En ese libro encontramos ejemplos de correlación entre riqueza y desarrollo, y fortaleza institucional. Es vital la conexión íntima entre instituciones políticas y económicas. En Colombia es usual la doble práctica antidemocrática reflejada en la creciente cooptación institucional y la práctica económica evidenciadas en el dominio y manejo de resortes del Estado en favor de un reducto de grandes empresarios. La práctica de esos dos elementos desdice el ejercicio de los pilares básicos de una democracia.
El bochornoso espectáculo de las audiencias en las que la Fiscalía se encamina a presentar una notificada solicitud de preclusión en favor del expresidente Uribe permite apreciar la armonización de criterios del ente acusador y de la Procuraduría, a su vez sintonizados con los planteamientos de la defensa del exsenador. Sintomático del nivel de degradación institucional alcanzado. El ejecutivo aportó en su momento lo suyo. Por primera vez en la historia del país un presidente de la República aboga por un encausado acudiendo a una flagrante intromisión en la autonomía de las ramas del poder. Escenario absolutamente contrapuesto a las tesis de Acemoğlu y Robinson.
El otro aspecto paralelo demoledor es la apropiación privada del Estado por un minúsculo círculo de grandes empresarios que refutan el supuesto del libre juego de la competencia y propiedad privada. La Reforma Tributaria era un ejemplo palmario de la ausencia de libertad y competencia económica. El texto y sus circunstancias eran reincidentes: grandes empresarios del país haciendo lobby para preservar privilegios tributarios a través de descomunales deducciones, exenciones y otras arandelas enfiladas a evadir impuestos y evitar que sus dividendos sean gravados.
Esas y demás tropelías determinaron y desencadenaron que distintos sectores de la sociedad y grandes masas desvalidas se transformaran en una multitud incontenible. Desafortunadamente traducida también en muertes y tragedias de lado y lado. Una pizca de sensatez del mandatario hubiese ahorrado pérdidas humanas y materiales. Pero no leen ni interpretan el sentimiento ciudadano.