Investigación de la CPI confirma que Gobierno de Venezuela comete delitos de lesahumanidad

Un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el gobierno de Venezuela sí ha estado cometiendo delitos de lesahumanidad contra los ciudadanos de ese país, al menos desde el año 2017, por lo que deben ser investigados.

De acuerdo a la CPI, “la Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.

El informe, fechado al 15 de junio, expresa que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.

Además la CPI señala a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como responsables de cometer diversos delitos contra la población de su propio país.

Entre los crímenes reseñados están la tortura, la violencia sexual y la persecución a opositores políticos.

La CPI también halló que en Venezuela particulares afines del gobierno de Nicolás Maduro participan activamente de persecución y represión a detractores del mandatario, todo eso con el beneplácito de las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles.

Ahora está en manos del fiscal Karim Khan determinar si se abre una investigación formal contra el Gobierno de Venezuela.