Más de mil familias campesinas que habían sido víctimas de desplazamiento forzado y que se encontraban en Santa Rosa del Sur, Bolívar, desde el pasado primero de agosto, comenzaron a retornar a sus casas en el municipio de Montecristo.
Así lo aseguró el defensor Carlos Camargo, quien ha acompañado a la comunidad en todo este proceso.
«Dentro de nuestra misionalidad y por petición de la comunidad, acompañamos este retorno que inició desde muy temprano y que tiene como destino final el corregimiento de Mina Piojo, en el municipio de Montecristo. A las comunidades de esta región del país les reiteramos que mantendremos nuestro acompañamiento con el fin de buscar la garantía y el respeto por sus derechos», dijo.
A través de la Regional Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento constante a la situación que viven estas familias durante las últimas dos semanas.
Sin embargo, las comunidades le han manifestado la falta de voluntad por parte de las autoridades para adelantar acciones que les brinden garantías de seguridad y mayor presencia institucional.
«Ante este panorama instamos a las autoridades del orden nacional, departamental y local a que escuchen a las comunidades, que nos manifiestan que han decidido retornar por su propia cuenta a pesar de que no existen condiciones de seguridad», advirtió el defensor del Pueblo.