El servicio prestado por el Icbf en las UCA es de alto riesgo

En la Constitución Política de Colombia, el derecho fundamental a la alimentación adecuada, suficiente y de calidad concordante con las tradiciones culturales de la persona que permita el desarrollo de una vida digna, libre de carencias y angustias, se consigna de manera explícita en los artículos 43 y 44.

El Icbf implementa el programa de educación de niños y niñas bajo la modalidad propia e intercultural a través de acciones concurrentes, intersectoriales y articuladas en seis componentes básicos de atención: I) familia, comunidad y redes; II) salud y nutrición; III) proceso pedagógico; IV) ambientes educativos y protectores; V) talento humano y proceso administrativo y de gestión. 

Este proceso tiene como base la participación de las autoridades tradicionales y de las comunidades buscando el fortalecimiento y la pervivencia cultural, la comprensión del territorio y el mantenimiento de la estructura social y política propia en la que se desarrolla.

El servicio es ejecutado a través de las Entidades Administradoras del Servicio –EAS–, las cuales deben ser comprendidas como operadoras y prestadoras de los servicios de atención a la primera infancia.

En su trabajo de verificación de campo, el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana durante julio y agosto ha venido profundizando sobre el servicio de educación inicial que se ofrece desde las Unidades Comunitarias de Atención –UCA–. 

En su ejecución se recurrió a la aplicación de un instrumento en la búsqueda de información cuantitativa. De manera paralela se realizaron diferentes grupos de trabajo focales con entrevista semiestructuradas en las entidades territoriales para obtener información cualitativa.

Con base en el listado de las unidades de servicios de educación inicial facilitado por el Icbf, los informes y correspondencias enviadas a la Corte Constitucional, se pudieron establecer 2.655  unidades comunitarias georreferenciadas de los municipios protegidos por la Sentencia T-302 de 2107, de las cuales 472 se encuentran en Maicao, 688 en Manaure, 620 en Riohacha y 875 en Uribia.

El Icbf sostiene que el gran éxito del programa de educación inicial bajo la modalidad propia e intercultural se encuentra en su masificación y funcionamiento eficiente.

Al comparar la cobertura absoluta que el Icbf mantenía en el 2013 (inicio de la crisis humanitaria) con la del 2021 en el subtotal de entidades territoriales cubiertas por la Sentencia T-302 de 2017, la ampliación de cobertura resultante es de 9.801 beneficiarios.

Esta acción fue complementada con la reasignación de 14.040 cupos, que se trasladaron de Maicao (1.115) y Riohacha (12.925) a los municipios de Manaure y Uribia, que en el 2013 presentaban coberturas demográficas precarias para el grupo etario de menores de 5 años, elevando las coberturas reales de estos municipios, a expensas de bajar las de Maicao y Riohacha, las cuales se encuentran por debajo del promedio departamental. Esta estrategia se basó en incrementar las unidades de servicio, que pasaron de 587 en el 2013 a 2.655.

El 47,2 % de las UCA son comprendidas como centros de provisión de alimentación y recreación. Es decir, que ellas no siempre se asumen como lugares en donde se imparte educación a edad temprana, como lo determina el Icbf. Las unidades de servicio son rotativas, el 14,4% se trasladan de sitios, dependiendo del interés del operador y del Icbf, muchas veces correspondiendo a decisiones discrecionales, sin consultar con los representantes de las comunidades.

Los agentes educativos y las auxiliares de cocina (manipuladoras de alimentos) prestan el servicio durante 5 días a la semana entre 7 a.m. – 12 m. En otras comunidades se sigue el horario de 8 a.m. –  1 p.m. La selección de los niños en el 93,5% de estas unidades se hace a partir de la concertación con los padres, quienes resultan ser miembros de la familia extensa de la autoridad tradicional de la comunidad. 

Los beneficiarios en un 26,3% corresponden a más de una comunidad y si se tiene en cuenta el número de niños que viven en ella, el servicio prestado en las UCA cubre solamente el 33,7 de los niños menores de 5 años residentes.

La cobertura promedio de madres gestantes por unidad es de 1.4 en las entidades territoriales protegidas por la Sentencia. En el 88,6% los beneficiarios llegan a obtener el servicio en la UCA a pie.

Para su funcionamiento, en el 48,2% de las unidades de servicios se surten de agua de los molinos y pozos de fuentes salobres. Igualmente, de los jagüeyes. Las pozas sépticas son casi inexistentes, se presentan en el 3,6%. 

En relación con la infraestructura se puede identificar que en el 16,1% se encuentran en zonas de riesgos para los niños. Estas condiciones son generadas por el deterioro del material con que se realiza la estructura que en el 93,3% son de yotojoro, barro y zinc.

El 53% tienen piso de material, contando con dos espacios específicos: la sala de reunión de los niños y la cocina, estructuras que en el 69,4% de las unidades se encuentran dañadas, sin contar con espacios de recreación y los elementos adecuados para la atención básica, como son las mesas y las sillas (75,8%).

En la prestación del servicio de educación inicial en el 17,9% de las unidades no se sigue un plan específico de atención.

En el contexto de la pandemia, el servicio prestado por las UCA es no presencial con asistencia remota. En estas circunstancias, el agente educativo recurre a las visitas domiciliaras más cercanas a su residencia, lo cual se presenta en el 84,4%.

El 34,9% reporta que se han realizado jornadas de búsqueda activa de niños desnutridos en sus comunidades y que en el 5,8% de las unidades de servicios los menores en estado de desnutrición han sido referidos a los centros de recuperación nutricional de Riohacha y Manaure.

Por otro lado, la supervisión que realiza el Icbf está supeditada al contacto virtual o telefónico en el 93,8% de las unidades. Los agentes educativos y las manipuladoras reconocen que ellas han tenido que “inventarse las evidencias” para que se les puedan cancelar los honorarios de ellas y de los operadores.

El personal que trabaja en las UCA en los municipios accionados por la Sentencia T-302 de 2017 se cuantifican en 7.952 entre auxiliares, técnicos y profesionales y en La Guajira son 9.396, labor y eficacia que se pone en dudas por los resultados que se obtienen y las brechas que se mantienen sobre los promedios nacionales de los indicadores para la superación del estado de cosas inconstitucional seguidos por la Corte.

Así las cosas, las UCA se pueden convertir es un espacio de alto riesgo para atender a la niñez wayuú, servicio que requiere humanizarse, pasando del concepto institucional del cupo al de niños beneficiario sujetos de derechos.

Fuente Veeduría a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017