Cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó el ‘Estatuto de la oposición’, norma que garantiza para que los partidos que no comulgan con las políticas del Gobierno se acojan a ella y puedan obstaculizar con fundamentos los proyectos y procedimientos de los gobierno Nacional, Departamental o Municipal, ejerciendo con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos. Al conocer la vigencia de la norma, nos alegramos de la iniciativa sancionada porque quienes se oponen a lo que diga y haga el Gobierno, lo deben hacer fundamentado en el marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho que las organizaciones políticas y las organizaciones independientes tienen.
Acudiendo al plano de La Guajira, el actual gobernador Nemesio Roys Garzón, a pesar de tener en la Asamblea algunos diputados en oposición, ellos estuvieron a la altura de la norma que los rige, actuando de manera profesional y flexible a las iniciativas que iban en bien de la comunidad y por lógico oponiéndose a lo que iba en contra de sus principios políticos, de los guajiros y recursos mal invertidos.
Extrañamente, encontramos opositores personales a Nemesio Roys, que afectó a la institucionalidad y por ende a la comunidad en general, en la cual algunos han actuado a nombre propio y otros de manera oculta que, al final afectaron al departamento, porque seguramente no se convirtió en llenarle el estómago a quienes particularmente se declararon enemigos políticos personales o contradictores de su gobierno, situación que públicamente no lo hicieron los partidos opositores que tenían todo el derecho.
Los opositores de estómago de Nemesio Roys que actúan por fuera de las organizaciones políticas y organizaciones independientes, se han opuesto sin fundamento a todo lo que haga, pero no proponen lo que debe ser mejor para comunidad, claro, si no piensan con la cabeza, sino con el estómago.
El mismo ‘Estatuto de la oposición’ permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de Gobierno, “mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes”, normatividad que estamos seguro que quienes se opusieron a título personal lo hicieron más con el fin de hacer daño, porque Nemesio no le satisfizo sus necesidades personales o familiares.
Lo mismo ocurre con los medios de comunicación que cumpliendo con la Constitución y la Ley, nos obliga a recibir y entregar información veraz e imparcial basado en el libre pensamiento y responsabilidad social que tenemos, en donde sin violar ese principio, podemos tener una línea editorial aliada u opositora al gobierno de la cual la contraparte no nos deben objetar, eso sí, sin pignorar la libertad a la crítica y sin distorsionar la informacional para favorecer o afectar la imagen del gobierno.