La Contraloría General del departamento de La Guajira en el marco de la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2021, realizó una auditoría financiera y de gestión a la Gobernación.
Dentro del desarrollo de la auditoría se evaluó el proceso de gestión presupuestal específicamente en los recursos del sector educativo, manejos dentro de la intervención.
Como resultado se evidenció que la Administración Temporal no aportó el documento o el acto administrativo del órgano competente, que para este caso es la Asamblea Departamental, dado que esta expidió de manera integral la Ley anual del presupuesto de La Guajira de la vigencia 2020, que contiene la estimación de los ingresos fiscales y de los gastos públicos que efectúa el órgano de representación popular, y debe ceñirse a las directrices del Estatuto Orgánico.
“Se vislumbra una posible conducta penal y disciplinaria, por incumplir lo establecido en el mencionado estatuto de presupuesto. Contraviniendo la Ley 599 de 2000 y el numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, define como falta gravísima, no llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera”, señalan.
En virtud de la Asunción Temporal de la Competencia, la entidad territorial pierde la facultad o poder jurídico para atender las responsabilidades estatales relacionadas con el sector objeto de la Medida Correctiva, competencia que deberá ser asumida por el Administrador Temporal para garantizar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio, para lo cual requiere de los recursos destinados a la financiación del sector y/o sectores afectados.