El Juzgado 53 de Garantías legalizó las capturas del empresario Emilio Tapia y del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, por el millonario contrato del Ministerio de las TIC.
Asimismo, fue legalizada la detención del agente de seguros Juan José Laverde.
La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal debido la presentación de una garantía bancaria, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
De acuerdo con la fiscal del caso, los tres tenían conocimiento de que estaban participando de la falsificación de documentos, con el objetivo de tener el acto administrativo en el que se adjudicó el contrato a Centros Poblados.