Varias organizaciones no gubernamentales solicitaron por escrito a la Presidencia de la República y otras instituciones como la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Riohacha, Procuraduría, Corte Constitucional, atención especial a los jóvenes que se mantienen en una huelga de hambre, hace nueve días en el parque Simón Bolívar en Riohacha.
La solicitud tiene como fundamento la decisión del viceministro del Interior, Carlos Baena, de no negociar bajo la presión de la huelga de hambre, y ante la determinación de los huelguistas de continuar con la protesta hasta las últimas consecuencias.
Advirtiendo esas razones, las organizaciones solicitaron de manera respetuosa, que se realice acompañamiento y supervisión por parte de la Secretaría de Salud, con seguimiento médico y suministrar la ayuda necesaria y vital para cuidar la vida de estos jóvenes.
Además de la Supervisión y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que garantice la supervisión de los derechos individuales y colectivos de los jóvenes, frente al desarrollo de la protesta.
También solicitaron un diálogo directo con representantes de la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación, que permita la construcción de una ruta posible para la retoma de las mesas de trabajo con los huelguistas. Al Ministerio del Interior y demás entidades responsables, retoma de las 10 mesas de trabajo, con delegados calificados.
Como también el acompañamiento de la Iglesia Católica, a través del Obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos, Naciones Unidas y Human Rights Watch, como veedores en el acompañamiento de los acuerdos.
La iniciativa la lidera la Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017, la Asociación de Defensa de niñas y niños internacional, la Fundación Caminos de Identidad –Fucai-, Corporación de Apoyo a Comunidades Populares –Codacop–, el Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep–, la organización indígena de Colombia y Omaira Ordúz, experta independiente.